El alcalde de Achocalla, Manuel Condori, presentó ayer documentación que señala que el cementerio Los Andes pertenece al municipio de La Paz, de acuerdo con una declaratoria de adecuación ambiental emitida por la Gobernación de La Paz en noviembre de 2020. Este documento autoriza la continuidad de las actividades del cementerio en base a un plan de aplicación ambiental aprobado Por ello negó que su gobierno edil haya autorizado movimiento de tierras en el lugar.
«Esto evidencia que las gestiones administrativas y técnicas se realizaron ante el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y no ante Achocalla. En 2023, notificamos a la inmobiliaria Kantutani en tres ocasiones sobre los riesgos relacionados con movimientos de tierra y la falta de documentación administrativa para operar como cementerio, sin obtener respuesta», señaló Condori.
El cementerio y sus actividades causaron controversia tras el deslizamiento de tierra ocurrido el pasado sábado en Bajo Llojeta, que cobró la vida de una niña de cinco años. La Alcaldía de La Paz responsabilizó a la empresa constructora, acusándola de mover más de 100.000 toneladas de tierra sin las medidas necesarias de seguridad.
Condori detalló que las notificaciones enviadas a la empresa incluían requerimientos como cédula de identidad del propietario, pago de impuestos, plano visado, registro catastral y autorización de movimientos de tierra. «En ninguna de las notificaciones presentaron documentación que respalde las actividades del cementerio ni permisos para movimientos de tierra. Por ello, les advertimos que no seremos responsables de futuros desastres», afirmó.
En agosto de 2024, la inmobiliaria presentó una solicitud formal para cambiar de jurisdicción y pasar al municipio de Achocalla. Sin embargo, Condori enfatizó que el problema de límites continuará siendo un tema pendiente, ya que afecta el control administrativo de las áreas involucradas.
INMOBILIARIA KANTUTANI
La Inmobiliaria Kantutani, propietaria del cementerio Los Andes, aseguró ayer que la mazamorra que afectó a una zona de Llojeta en la ciudad de La Paz se produjo por un taponamiento del embovedado del río Pasajahuira y no así por movimiento de tierras, como asegura el municipio.
El alcalde de La Paz, Iván Arias, calificó el hecho como una tragedia evitable y presentó una denuncia formal ante la Fiscalía contra la inmobiliaria Kantutani. «No podemos permitir que la irresponsabilidad de unos pocos afecte a toda una comunidad. Exigimos justicia para las familias afectadas», declaró Arias, quien también mencionó que el caso abarca un tramo de más de 1.600 metros, desde el cementerio Los Andes hasta Los Sargentos.
Asimismo, Arias aseguró estar dispuesto a acudir a la justicia junto con el alcalde de Achocalla si fuera necesario, pero advirtió que los alcaldes no deben ser utilizados como chivos expiatorios mientras los verdaderos responsables quedan impunes. (Brújula Digital)