La Cámara Nacional de Industrias (CNI) expresa su más profunda preocupación y alarma por la disposición arbitraria de «confiscación y/o decomiso de productos» a empresas que dispone el Presupuesto General del Estado – 2025 bajo el pretexto de que «pretendan encarecer los precios de los mismos» (Disposición Adicional Séptima). Por ello solicita eliminar dicho artículo para ano afectar a la actividad económica.
Los industriales en forma categórica solicitan al presidente Luis Arce Catacora eliminar la citada disposición, para evitar un clima de total inseguridad jurídica para la iniciativa privada.
La disposición adicional séptima del PGE 2025 se convertirá en un instrumento de carácter discrecional, arbitrario, represivo y extorsivo, puesto que facultará a entidades públicas «competentes» a activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos a los industriales legalmente establecidos.
La confiscación y/o decomiso de productos generará incertidumbre entre las empresas y microempresas que preferirán dejar de producir para evitar la arbitrariedad de funcionarios públicos, generando un efecto de desabastecimiento alimentario, caída de la inversión, desempleo y descenso de las recaudaciones tributarias.
Cuando a nivel sudamericano los países crean condiciones adecuadas y propicias para impulsar la iniciativa privada, en Bolivia contrariamente se promueven normas que ahuyentan a las inversiones nacionales y extranjeras.
La citada disposición adicional constituirá un incentivo al contrabando y las actividades informales, debido a que el control y regulación sólo se aplica a las empresas formales.
El sector industrial plantea al Gobierno Nacional adoptar medidas de política económica, que promuevan el desarrollo industrial nacional antes que medidas de orden represivo y confiscatorio.
Mientras tanto, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, opina que el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, en sus disposiciones finales busca acabar con el agio y la especulación de productos de la canasta familiar, y todos los niveles de gobierno del Estado actuarán en los operativos de control, según.
Los productores y críticos a la medida, no se quedaron callados, pues en las redes sociales escribieron varios mensajes contrarios a la posición del gobierno. Lamentan que el Gobierno no tenga ni idea de cómo avanzar en solucionar la crisis económica en la que se encuentra el país, y sólo busca reprimir la inversión y aumentar la escasez de alimentos y llevar a la economía boliviana a la situación de Venezuela y Cuba, con falta de alimentos y crisis energética.
“De lo que trata este artículo, esta disposición en el proyecto del Presupuesto es que las instituciones del Estado, llámense alcaldías, llámense instituciones del nivel de nivel departamental y del nivel nacional, puedan controlar y fiscalizar esta cadena productiva que está enfocada al agio y a la especulación”, explicó en una entrevista con Bolivia Tv.
Mientras tanto, los productores y comerciantes anunciaron movilizaciones contra la decisión del gobierno, pues atenta a la inversión privada y a la producción de alimentos.