Gobierno busca contraer millonaria deuda en su último año de gestión

Señalando que el Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, es una muestra más del latrocinio “masista”, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, denunció que el gobierno, en su último año de gestión, busca autorizar al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a suscribir préstamos de hasta 3.000 millones de dólares para un supuesto “apoyo presupuestario” y el pago de deudas.
“Se trata de un presupuesto del latrocinio y del terrorismo de Estado del gobierno”, aseguró Alarcón en conferencia de prensa.
Cuestionando la forma en que el oficialismo intenta hacer entrar en vigencia la Ley Financial para la gestión 2025, el legislador de oposición explicó que el artículo 13 de esta propuesta normativa, faculta al titular de Economía a contraer una importante deuda internacional, sin pasar por el filtro del Parlamento.
“Se autoriza, como un cheque en blanco, a que el ministro de Economía y Finanzas Públicas contraiga, en el último año de Gobierno, hasta 3.000 millones de dólares en préstamos internacionales para destinarlo al apoyo presupuestario y al pago de las deudas del Estado”, denunció el legislador paceño.
En criterio del asambleísta, las proyecciones expresadas por varios analistas económicos, hacen referencia a una cifra similar de recursos como lo que necesitaría el próximo gobierno, en sus primeros años, para sacar al país de la crisis económica.
A esto debe sumarse el hecho de que la gestión 2025 estará marcada por la campaña electoral para las elecciones generales, siendo la actual administración la principal interesada en contar con recursos para sustentar su proselitismo político.
“Estos señores quieren ahora, en su último año, gastarse 3.000 millones con la posibilidad de que esta plata se despilfarre en gastos electorales, porque (el 2025) es un año electoral, donde el más interesado en manejar y manipular es el Gobierno”, alertó el parlamentario.
Otro aspecto identificado por Alarcón para rechazar el PGE 2025 tiene que ver con las medidas recientemente denunciadas por el sector productivo, en relación a posibles decomisos o la confiscación de bienes destinados a la industria y al comercio, en el mercado nacional, hecho que se constituye prácticamente en un “terrorismo de Estado”.
“La pregunta es, cómo puede cualquier Gobierno decomisar y confiscar bienes, con el pretexto de que se pretende incrementar precios, si precisamente la causa de la subida de precios es la catástrofe económica en la que está dejando al país este gobierno”, cuestionó el diputado.
Por lo expuesto, señaló que se trate de engañar a la ciudadanía con el discurso de un supuesto cumplimiento de la norma para la adopción de medidas arbitrarias o con autorizaciones para la suscripción de deuda sin la respectiva autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), tal como demanda la Constitución Política del Estado (CPE).
“Se trata de un despilfarro total en el último año de gobierno de Luis Arce, esto demuestra que ya tenemos al presidente como candidato, no solo generando un despilfarro para gastar gran parte de esta plata en su campaña, sino sirviendo la cena para generar un fraude electoral”, concluyó.
El lunes, a través de un comunicado, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) advirtió que la producción y oferta de productos no puede estar regulada en función de amenazas, restricciones e intervenciones, y que dichas formas de intimidación, solo generan mayor inseguridad en el sector.