Las cámaras de Industria, Exportadores, Agropecuarios y de Oleaginosas manifiestaron su firme y categórico rechazo a la Disposición Adicional Séptima del Proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 que establece la confiscación y decomiso de productos a las empresas y solicitan suprimir la misma.
El sector privado, en ejercicio de su compromiso con el desarrollo económico del país, anuncia que no participará en procesos de reglamentación relacionados con la citada Disposición, señala un comunicado conjunto de las cámaras de: Industrias, Exportadores, Agropecuarios del Oriente y de Oleaginosas.
Asimismo, instaron al presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce Catacora, y a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a no aprobar normativas que vulneran derechos fundamentales, como libertad de producción y comercialización, consagrados en la Constitución Política del Estado.
Alertamos que de aprobarse la norma, se profundizará el clima de inseguridad jurídica, ahuyentando las inversiones nacionales y extranjeras en detrimento de la economía nacional, en un escenario en que urge aumentar la producción y exportar, advierten.
Las cámaras ven que la aplicación de dicha Disposición Adicional generará un entorno propenso a la arbitrariedad y a la extorsión de funcionarios públicos, incentivando la informalidad y con efectos negativos directos, como el desabastecimiento de productos alimenticios esenciales, afectando gravemente a la población.