Lamentamos que continúe la política de «expansión el gasto público», incrementando el consolidado en 11,7%, que provocará mayor déficit y un incremento de los créditos para cubrir el desfase, así como la confiscación, fiscalización y control de precios, señala una posición institucional de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), firmado por su presidente Jaime Ascarrunz.
“Lamentamos que continúe la política de «expansión el gasto público», incrementando el consolidado en 11,7%. Nuevamente exhortamos al Gobierno Nacional, a reflexionar sobre su política económica en momentos en los que se requiere austeridad y prudencia. Entendemos que, el sector empresarial y el pueblo boliviano en general, estamos enfrentando una coyuntura económica difícil, por lo que instamos al Gobierno Nacional actuar en consecuencia”, señala el comunicado de la CNC.
Con la proyección de un déficit de 9,2% del Producto Interno Bruto (PIB) entraremos en el 11 avo año con déficit fiscal, 9 de ellos mayores al 7%. Es este déficit que genera en gran parte los problemas que enfrentamos, como la falta de moneda extranjera, la escasez de combustibles, la creciente inflación y escasez de productos de la canasta familiar, afirman.
“Nos preocupa también que este elevado déficit fiscal genere la necesidad de incrementar el endeudamiento público. El proyecto de Ley del Presupuesto incluye la autorización para una serie de operaciones de crédito. Pero además la Ley autoriza el uso de garantías para adquirir deuda con colateral, lo que implica hipotecar el patrimonio del Estado. Esto es especialmente delicado en el caso de las Reservas en orо, que posee el Banco Central. Creemos que no es prudente poner en riesgo el patrimonio de los bolivianos”, advierten.
La Cámara Nacional de Comercio y sus asociados, consideran que la disposición adicional séptima, que faculta a las entidades estatales a activar medidas de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos a los comercializadores de alimentos que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de estos, es atentatoria contra las actividades comerciales y la economía del pueblo boliviano.
Los precios deben regirse por el mercado y no establecerse a criterio de algún funcionario público, aseguran.
“Si los precios de los alimentos suben es porque los costos de generar y comercializar los mismos se han elevado. El intento de controlar los precios sólo hará que se dejen de producir y comercializar los mismos, generándose desabastecimiento, lo que ya se insinúa en algunos mercados”, indican.
Tampoco están de acuerdo que los actores de la cadena productiva de alimentos esenciales declaren obligatoriamente información de producción, transformación y comercialización, con carácter de declaración jurada. “Esto constituye una intromisión en las actividades privadas y sólo generará mayor burocracia y oportunidades de corrupción”, asegura.
La CNC recuerda a las autoridades del gobierno que los sistemas de controles de precios siempre terminan fracasando y generando pérdidas para los productores, comercializadores y escasez de productos para los consumidores.
Pero no todo es crítica, pues la CNC aplaude las medidas que se incorporan en el proyecto de presupuesto para el fomento de la actividad económica y privada, tales como la exención de impuestos de una parte del impuesto a las Utilidades de las Empresas Beneficiarios del Exterior para los inversionistas extranjeros que reinviertan sus utilidades en el país, la exención del IVA para la importación y la venta en el mercado interno de bienes de capital y plantas industriales y para la importación de carburantes y la posibilidad de reanudar los planes de facilidad de pagos Incumplidos con impuestos internos o la aduana sin penalidades.