Mientras el beniano sentenciado por triple asesinato, Misael Nallar, llegaba ayer al penal de Palmasola en Santa Cruz para cumplir con su sentencia de 15 años de prisión, parlamentarios y juristas criticaron esta decisión por considerarla un reflejo de la decadencia de la justicia boliviana, la cual se encuentra en su peor momento.
El sentenciado por los asesinatos de dos policías y un civil voluntario del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (Gacip) llegó ayer momentos antes de las 11:00 al aeropuerto de Viru Viru, Santa Cruz, tras ser trasladado en un operativo policial desde la ciudad de El Alto. A las 11:45 horas, ingresó al recinto de Palmasola.
El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Alejandro Reyes, calificó esta decisión de la justicia como una “victoria pírrica” del Gobierno, una “sentencia menor” que solamente demuestra que “aquí cualquier persona puede atentar contra la vida de nuestra Policía, de nuestras Fuerzas Armadas y no hay sanciones severas”.
“Estamos mal en el tema judicial e institucional, está desprotegida la fuerza del orden y, por supuesto, acá no tenemos nada que festejar. Es el peor momento de las instituciones”, señaló ayer Reyes a la prensa, tras manifestar su duda de que Nallar cumpla el grueso de la pena.
Nallar, quien hasta ayer permaneció en Chonchocoro con detención preventiva, fue sentenciado el miércoles a 15 años de cárcel por los asesinatos a mano armada de los sargentos, Alfonso Chávez y Eustaquio Olano, y el miembro del Gacip, David Candia, en la comunidad de Los Cuchis, localidad cruceña de Porongo.
El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, manifestó que espera que la sentencia traiga “paz” a la vida de las familias de los efectivos fallecidos, luego de considerar que el Gobierno trabajó para demostrar la autoría de Nallar en los hechos. Sin embargo, informó que aunque el sindicado admitió presenciado las ejecuciones, no declaró haber disparado contra las víctimas.
“Encontramos en la condena efectivamente una sensación de justicia porque, si bien no son los 30 años que prevén este tipo de acción, sí se demuestra que (…), pese a que el señor Nallar no admite haber percutado armas de fuego, encontramos en él restos de nitritos y nitratos de pólvora que significa, en una deducción, que él también manipuló un arma de fuego”, señaló Aguilera.
La viuda de Olano, Marina Rojas expresó su rechazo tanto por la “indignante” sentencia de 15 años impuesta a Nallar, como la disposición de trasladarlo a Palmasola, en vez de que sea sentenciado a 30 años en Chonchocoro.
En su criterio, los narcotraficantes aliados de Nallar negociaron con la justicia para influir en la reducción de la pena. “Lamentablemente, como los asesinos han sido ‘narcos’, quienes manejan (lo hacen) con el dinero. Ya se ha visto hace mucho tiempo que han negociado, de eso no tengo duda yo, a quien le moleste”, indicó Rojas.
Esta sentencia se emite pese a que el Ministerio Público había pedido 30 años de sentencia para el acusado. El Gobierno admitió que no es la sentencia que esperaba, pero destacó los esfuerzos de la Policía para superar varios intentos de liberación del acusado.
“No es la sentencia que hubiéramos querido, pero con 15 años damos un paso adelante. El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, sostuvo que “nadie puede tocar a un efectivo del orden” y quedar en la impunidad.
PREMIADO EN
PALMASOLA
Por su parte, la abogada defensora de la familia de una de las víctimas, Jessica Echeverría cuestionó cuán poderoso es el narcotráfico en Bolivia, en vista de que Nallar no recibió 30 años sin derecho a indulto, como establece taxativamente la ley. Tildó a la decisión como una “aberración jurídica” y una “vergüenza para el país”.
“¿Tan poco vale la vida de los policías que fueron acribillados, ejecutados y asesinados, como para que a esta persona le den 15 años? ¿Es tanto el poder del narcotráfico y del dinero en Bolivia que hasta se hacen la burla de las leyes? ¡Es realmente una vergüenza! ¿Qué tanto sabe el señor Misael Nallar como para que le den este tipo de beneficios?”, cuestionó la jurista.
Echeverría criticó que, mientras el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho permanece recluido en Chonchocoro como un trofeo del Gobierno, un “narcotraficante” asesino de policías sea “premiado” con su traslado a Palmasola donde, según ella, Nallar instalará su “reino” unos cuantos meses antes de quedar en libertad.
“Ni siquiera en Chonchocoro, que es la cárcel de máxima seguridad en Bolivia, pudieron contenerlo (a Nallar). ¿Acaso no vimos todo el país las imágenes donde hizo y deshizo en Chonchocoro? Incluso les pegaba y los pateaba a los policías”, recordó la abogada a DTV.
Echeverría se refirió a una violenta gresca de reclusos del pabellón B de Chonchocoro, ocurrida el 8 de junio de este año. Nallar fue señalado de liderar estos hechos luego de que cámaras de seguridad lo registraran agrediendo a policías junto con un grupo de reclusos armados con palos y objetos contundentes.
El Gobierno señaló entonces que el beniano intenta quitar la vida a los efectivos que custodiaban el recinto, por lo que él y otros reclusos fueron imputados por el delito de tentativa de homicidio y deterioro de bienes del Estado. Tras una audiencia cautelar, un juez ordenó su detención preventiva por 180 días, mientras ya cumplía medidas cautelares por el caso del triple asesinato.
EL CASO
Según las investigaciones, el múltiple crimen ocurrió el 21 de junio de 2022, cuando Nallar y su grupo consumían bebidas alcohólicas en la zona del Urubó, en Santa Cruz, mientras los policías realizaban un patrullaje de rutina en la zona.
Ante un altercado con los uniformados, Nallar y sus hombres reaccionaron violentamente y atacaron a las víctimas, quienes terminaron siendo ejecutadas a mano armada pese a emplear agentes químicos para defenderse.
Al día siguiente, los implicados fueron detenidos e investigados, llegando a descubrirse que Nallar poseía bienes de lujo, vehículos de alta gama y hasta animales silvestres en una hacienda en Santa Cruz, con lo que el caso tomó mayor relevancia mediática y se llegó a vincular con el narcotráfico. (EL DIARIO)
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