Después de dos años de discusiones, riñas y turbulencias en la Asamblea Legislativa, en los órganos Judicial, Electoral y Ejecutivo, el 15 de diciembre, ¡por fin!, se realizará la elección de magistrados para ocupar los 84 asientos de distintas Salas del aparato judicial del país. El evento se efectuará en medio de un ambiente político caldeado, de dudas y afirmaciones de todo tipo y postergaciones en varias oportunidades, causando la preocupación de la ciudadanía.
En primer lugar, se puso en duda el valor de la elección de las altas autoridades judiciales por medio del sufragio universal y, enseguida, se recordó que, pese a haberse reconocido esos errores, se estaba insistiendo en caer de nuevo en la equivocación, actitud que sería una idiotez que, naturalmente, conduciría a un fracaso de mayor magnitud. A pesar de esas críticas, el Órgano Judicial siguió adelante, poniendo de cabeza la Constitución Política y otros procedimientos. Entonces, sin sindéresis, se dejó de lado la aplicación de principios, que es la que vale tanto en la vida común como en la política.
Esos aspectos, además de otros, influyeron para que la elección de magistrados sea producto de grandes problemas y, finalmente, la ciudadanía adopte una decisión correspondiente a su ética personal y decida sobre su asistencia para votar próximamente.
A propósito, es imprescindible tener en cuenta que todo procedimiento —como el sufragio universal para elegir magistrados— solamente adquiere valor cuando pasa por el fuego de la práctica. En caso contrario, se trataría de una vulgar burla, producto de la filosofía del absurdo y la especulación.
Mientras no sea aplicado, es solamente una acumulación de palabras. Precisamente, eso ya pasó dos veces anteriormente, con el afán de elegir magistrados por voto universal, que la práctica dio como resultado que esa idea no tanga valor y que de repetirse se caerá en un nuevo error que se tendrá que soportar por cinco años más, a no ser que sea objeto de anulación. En caso contrario, si esta vez da buen resultado, recién se podrá considerar su aplicación en otras oportunidades. Entretanto, dejamos la cuestión en manos de la práctica y la cuestión sigue siendo, en primer lugar, votar o abstenerse.
Finalmente, es sabido que la elección de magistrados tuvo siempre características propias y que en todos los casos estaba destinada a mantener la independencia judicial y que era la forma de que la justicia sea imparcial y determine que los pueblos tengan en quién confiar y no dependa de las decisiones de autoridades ejecutivas o legislativas.
La independencia judicial actualmente se basa en sistemas creados por la práctica y es producto de la carrera judicial y el cumplimiento de la meritocracia entre los miembros del foro. No debería depender la decisión de autoridades de otros poderes. Por ello más que todo se necesita una reforma profunda de la administración de justicia.
Votar o no votar, esa es la cuestión
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