El Presupuesto General del Estado (PGE) en Bolivia es el documento que establece la planificación financiera del Estado para el período de la gestión 2025. Sus objetivos principales son el establecimiento de una política fiscal y financiera del Estado, la asignación de recursos financieros para la ejecución de políticas públicas, así como garantizar la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica.
Un tema complejo en la economía del país es la siguiente inclusión al proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que nos muestra el alcance de esta crisis: Se autoriza al Banco Central otorgar al Ministerio de Finanzas un crédito para financiar gastos de la gestión 2024.
El PGE de 2024 estuvo caracterizado por una predicción de crecimiento del 3,71%. Sin embargo, estudios del FMI y otros organismos internacionales estiman que bordearemos el 2,0%. También se aseguró que el déficit fiscal tendría una cifra negativa del -9% del PIB, cuando se percibe al día de hoy que supere el 11 o 12%. Se estimó una inflación del 1,85% y concluyendo la gestión, es probable que este indicador económico supere las dos cifras.
Por eso al concluir la gestión 2024, el pasado 25 de noviembre el presidente Arce remitió, a la Asamblea Legislativa Plurinacional, el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado, con un monto consolidado de 296.565.879.631 bolivianos, para la gestión venidera.
Este presupuesto, según las autoridades gubernamentales, tiene la finalidad de garantizar la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de las finanzas públicas; potenciar el aparato productivo e industrial, incrementando la productividad y el rendimiento; profundizar el proceso de industrialización con sustitución de importaciones mediante el desarrollo de plantas industriales; potenciar los sectores minero e hidrocarburífero a través de inversiones estratégicas y desarrollo tecnológico; priorizar recursos para la subvención de alimentos esenciales e hidrocarburos, entre otras.
Como dije en anteriores comentarios y lo remarcaron varios analistas, el primer paso hacia la estabilidad económica es eliminar el déficit fiscal, que nos acompaña desde varios años atrás.
Cuando un estudiante de economía está en su primer año de universidad, uno de los primeros ejemplos que recibe, sobre una buena administración económica, se refiere a que una familia no debe gastar más de lo que tiene como ingresos reales, dejando incluso una parte de éstos como ahorro.
Y es esto lo que, precisamente, no hace el Gobierno. Como es de conocimiento general, el país tiene un crónico déficit fiscal, que lo arrastra durante los últimos 12 años, con este 2025, que muestra una tendencia preocupante: gastar por encima de nuestras reales posibilidades. El déficit nacional lo estamos financiado con deuda, práctica nada recomendable si queremos alcanzar estabilidad económica.
En su “Informe sobre la Economía de Bolivia 2024”, la Fundación Milenio, señala una riesgosa tendencia de caída económica y un agravamiento de los desequilibrios fiscales, monetarios, cambiarios y financieros, que comprometen la estabilidad macroeconómica.
Estos continuos déficits fiscales se traducen en un constante y creciente aumento de la deuda pública, que impide que el Gobierno invierta en la reactivación económica, más infraestructura y programas sociales, porque cada vez una porción mayor del presupuesto se la destina al servicio de la deuda, lo que a su vez se traduce en el deterioro de la calificación de riesgo del país.
Los analistas de temas económicos señalaron que, sumando toda la deuda interna y externa, el porcentaje de la deuda con respecto al PIB puede llegar al 80%. Mientras, el Gobierno remarca que el país tiene una deuda externa que llega al 26,8% del PIB, a septiembre de este año, muy por debajo del umbral del 50% de la Comunidad Andina, y que se cumple con el pago a sus acreedores.
Organizaciones empresariales como la Cainco y la Cámara Nacional de Comercio lamentaron que el presupuesto 2025 promueva la expansión del gasto público, porque es “una carta blanca para la emisión, endeudamiento y desinstitucionalización”.
La Cainco en un comunicado lamenta que “el Proyecto de Ley enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa Plurinacional refleja, una vez más, la decisión irresponsable de continuar con un modelo agotado; y que, además, atenta de manera contundente contra la institucionalidad del país”.
La experiencia (de la crisis económica de fines del siglo pasado) y el sentido común nos recomiendan no gastar más de lo que tenemos. Los riesgos son muchos y reales.
El autor es Economista, Académico de Número de la ABCE y Presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP).