El Ministerio de Justicia surcoreano impuso ayer al presidente, Yoon Suk-Yeol, la prohibición de abandonar el país mientras se le investiga por traición y otros cargos tras decretar la ley marcial la semana pasada.
La Oficina para las Investigaciones de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO) por sus siglas en inglés) solicitó la medida al Ministerio de Justicia, según contó su máximo responsable, Oh Dong-hoon, ante la Asamblea Nacional (Parlamento).
La policía y Fiscalía surcoreanas investigan a Yoon como sospechoso de cometer traición, de amotinamiento y de abuso de poder, cargos que también pesan sobre varios altos funcionarios gubernamentales y militares involucrados en la polémica medida, decretada aparentemente con motivaciones puramente ligadas a la supervivencia política del presidente y a la protección de la primera dama, sobre la que pesan acusaciones de corrupción.
El CIO, un organismo creado específicamente en 2021 para asegurar una investigación más imparcial de altos cargos públicos, pidió a su vez a la policía y fiscales que le transfieran el caso.
Tras la fracasada moción parlamentaria para destituir al jefe de Estado el pasado sábado, su formación, el conservador Partido del Poder Popular (PPP), señaló que tiene intención de lograr que Yoon deje sus funciones como presidente «de forma temprana y ordenada», y que mientras «dejará de asumir sus funciones en asuntos estatales, incluyendo la diplomacia» en favor del primer ministro, Han Duck-soo.
El principal bloque opositor, el liberal Partido Democrático (PD), tachó el plan del PPP, que aparentemente busca minimizar en la medida de lo posible el daño que le infligió entre los votantes la ley marcial declarada por Yoon, de anticonstitucional y planea presentar el miércoles otra moción en el Parlamento para tratar de inhabilitar al mandatario.(Dw)