Los ingenios arroceros de Montero, en el departamento de Santa Cruz, finalizaron un paro de actividades con tres demandas al Gobierno: exigen seguridad jurídica, respeto a la propiedad privada y el cese de los procesos legales en su contra. Asimismo, confirmaron su participación en la mesa de diálogo convocada para este jueves en la ciudad de La Paz.
“No permitiremos ningún atropello a nuestro sector, ni más abusos o violaciones a nuestros derechos. Ya estamos bastante golpeados por la crisis que afecta a todo el pueblo boliviano. Nos declaramos en emergencia y prestos a defendernos si vuelven a cometer semejante acto”, afirmó Jimmy Prado, presidente de Ingenor, al concluir la movilización. Además, aseguró que asistirán a la reunión que convocó el Gobierno a la ciudad de La Paz prevista para este jueves, a las 17:00 horas.
El sector arrocero presentó tres demandas principales:
- Garantizar seguridad jurídica y respeto a la propiedad privada.
- Levantar los procesos legales iniciados contra los ingenios arroceros del Parque Industrial.
- Convocar a un diálogo nacional para resolver la problemática de la producción de arroz junto con productores e ingenios.
Durante el paro, los ingenios aclararon su compromiso con el abastecimiento de arroz para la población, desmintiendo acusaciones de agio y especulación. “Los ingenios arroceros no estamos especulando y mucho menos cometiendo agio. Si almacenamos arroz en nuestros galpones, es para el abastecimiento de la población en general”, explicó Prado.
El dirigente también subrayó que las instalaciones de los ingenios funcionan como puntos de venta directos, ya que carecen de la logística necesaria para distribuir el producto a mercados y consumidores finales. “Los quintales de arroz están a la vista del público en general”, señaló.
Además, Prado expresó su rechazo a la disposición adicional séptima del proyecto de ley del Presupuesto General del Estado 2025, calificándola como un atentado contra la propiedad privada y el aparato productivo del país. “Rechazamos enfáticamente la disposición adicional séptima del proyecto de ley porque es una carta blanca para atropellar, destruir el aparato productivo del país y la propiedad privada. Es un atentado contra la libertad y paz de nuestro pueblo”, afirmó.
El sector cerró filas exigiendo un cambio en las políticas gubernamentales hacia los productores y reiterando su disposición al diálogo, pero advirtiendo que no tolerarán más atropellos. “La propiedad privada se respeta. Esperamos que el Gobierno se ponga la mano al pecho y busque las mejores soluciones”, concluyó Prado. (Brújula Digital)