El pasado jueves 12 de diciembre, Jesús Rafael Álvarez, preso político recluido en el Internado Judicial de Carabobo, murió bajo custodia del régimen venezolano. Su deceso, reportado por la organización Una Ventana a la Libertad (UVL) el viernes, se suma a la lista de muertes ocurridas en los centros de detención del país, despertando indignación y demandas de justicia por parte de familiares y organizaciones de derechos humanos.
Aunque aún se desconocen la causa y la hora exacta del fallecimiento, UVL informó que el cuerpo de Álvarez fue trasladado la madrugada del viernes al Departamento de Patología del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf).
Hasta el momento, las autoridades no emitieron información oficial al respecto, dejando a sus seres queridos en un limbo de incertidumbre y dolor.
DOLOR E INDIGNACIÓN
«Hoy a las siete y tanto de la noche me enteré de que mi papá falleció. A mí no me avisaron nada. Resulta que me entero de que mi papá falleció ayer y lo pasaron para el Hospital Central en la morgue, pero no me avisaron nada, no recibí ninguna llamada», señaló el hijo de Jesús Rafael Álvarez en un testimonio cargado de impotencia.
Según su versión, se enteró del fallecimiento de su padre a través de una noticia en redes sociales, destacando la falta de comunicación por parte de las autoridades. «Ahora lo que solicito es la entrega del cuerpo», exigió.
«Vine con el fin de que me entregaran a mi padre en libertad, pero me entregan un cuerpo fallecido, me lo llevo pero no como quería», sostuvo el joven.
El joven también denunció irregularidades en el procedimiento para retirar el cuerpo de su padre de la morgue de la Ciudad Hospitalaria, Dr. Enrique Tejera (CHET), en Valencia.
«Fui para allá y me mostraron un cuerpo; ese era mi papá. Ahora me dicen que no hay ningún muerto registrado. Exijo que me entreguen el cuerpo de mi padre y también la liberación de mi mamá, que sigue presa en Puerto Ordaz», agregó, preocupado por la seguridad de su madre, quien también se encuentra detenida por el régimen.
Jesús Rafael Álvarez tenía 44 años y era padre de tres hijos. En sus redes sociales solía compartir fotos junto a su esposa e hijos, mostrando a una familia unida pese a las dificultades. En una de sus últimas publicaciones, escribió: «Mi esposa y yo siempre juntos», reflejando su compromiso con sus seres queridos.
Desde hace cuatro meses, su hijo mayor enfrentó la carga de gestionar la situación de sus padres, al cuidado de sus dos hermanas menores.
«Estos cuatro meses no fueron fáciles. Yo soy el que me he tenido que mover por todo lo que pasa con mis papás», confesó.
La tragedia que ahora enfrenta su familia, con la pérdida de Álvarez y la incertidumbre sobre el futuro de su madre, refleja el impacto devastador de la crisis carcelaria en Venezuela.
La organización Foro Penal informó en su último balance que en Venezuela hay 1.903 personas detenidas por motivos políticos, la cifra más alta registrada en el país. En el penal de Tocuyito, donde ocurrieron excarcelaciones masivas los pasados 16 y 17 de noviembre, aún permanecen más de 400 presos postelectorales provenientes de diversas regiones.
El caso de Jesús Rafael Álvarez pone en evidencia las precarias condiciones en los centros de detención venezolanos y el trato inhumano hacia los presos y sus familias. La falta de atención médica, el hacinamiento y la negligencia son factores recurrentes denunciados por organizaciones como Una Ventana a la Libertad.
Mientras sus familiares claman justicia, el silencio de las autoridades sobre la muerte de Álvarez solo profundiza la desconfianza y la indignación. Su historia, lamentablemente, es un reflejo de la situación de cientos de presos políticos y sus familias, quienes continúan luchando por libertad y dignidad en un sistema que los oprime.(Infobae)