Un análisis del Instituto de Terapia e Investigación (ITEI), sobre las secuelas de la tortura y la violencia de Estado en Bolivia, cuestiona la percepción compartida de que estos vejámenes se asocian principalmente con tiempos de dictadura, tras reportar más casos registrados durante los gobiernos democráticos que en épocas del régimen militar.
La directora ejecutiva del ITEI, Emma Bravo, considera erróneo creer que la tortura es un remanente exclusivo de contextos marcados por la represión, sino que ha encontrado un lugar en los marcos democráticos de la actualidad. Según el instituto, la tortura no es una cosa del pasado, sino una realidad presente en el país que merece ser reconocida para poder ser erradicada.
Desde la Revolución Nacional de 1952, hasta el gobierno del expresidente Evo Morales, el ITEI documentó 1.833 casos de tortura, de los cuales 567 corresponden a la dictadura. En cambio, 1.266 se atribuyen a gobiernos democráticamente elegidos.
Entre ellos, se registró 230 casos de tortura durante la dictadura de Hugo Bánzer y 195 casos en el régimen de Luis García Meza. En cambio, durante la Guerra del Gas hubo 364 casos registrados, en los hechos de Sucre de 2008 hubo 170, y los casos de privados de libertad durante el gobierno de Morales llegaron a 335, según el ITEI.
“La expansión de las democracias globalizadas no ha desalentado la decisión política de torturar, sino todo lo contrario, y nos enfrentamos hoy incluso a la exposición mediática y desvergonzada de dichas prácticas”, manifestó la académica especializada en derechos humanos, Pilar Calveiro, citada por Bravo.
Los hallazgos del ITEI permiten observar que la tortura se sigue utilizando como una herramienta estatal de investigación y obtención de sentencias, pese a contar con sistemas judiciales modernos y mecanismos para prevenir abusos, mientras los gobiernos suelen negar su uso, minimizar las denuncias de organizaciones veedoras y tomar represalias contra quienes alzan la voz.
Bravo destacó que las secuelas de la tortura no solo afectan individualmente a las víctimas directas, sino que deslegitiman el sistema judicial “al crear culpables a partir de confesiones obtenidas bajo coerción”, fenómeno que “contribuye a un ciclo vicioso donde los inocentes son encarcelados mientras los verdaderos culpables quedan impunes”.
MÉTODOS ACTUALES
El ITEI documentó una variedad preocupante de métodos de tortura actual, empleados principalmente por miembros de la Policía y fuerzas militares: las agresiones físicas incluyen golpes contundentes, descargas eléctricas y asfixia; en las psicológicas, figuran amenazas, humillaciones, negación de asistencia, privación de comunicación y aislamiento prolongado.
Otro tipo de agresiones de índole biológica y sexual incluyen privación de alimentación y uso sanitario, privación de sueño, desnudez forzada y distintas formas de violación, sobre todo en contra de mujeres.
Asimismo, la tortura puede iniciar desde el momento de la detención y continuar durante el proceso judicial, lo que es contribuido por las cárceles bolivianas al brindar un escenario propicio para el abuso y vulneración sistemática de derechos humanos. Para Bravo, los traslados entre recintos penitenciarios también son momentos críticos donde pueden producirse hechos de tortura.
EL DESAFÍO
El desafío de erradicar toda forma de tortura, según la activista, es por la vía de políticas efectivas y una verdadera voluntad política, con la cual “solo así se podrá construir una democracia genuina donde prevalezca el respeto por la dignidad humana y el Estado de derecho”.
“Todo depende de la voluntad política de las autoridades. Las violaciones a los derechos humanos cometidas por la Policía y Fuerzas Armadas son el resultado de una voluntad política de instituir la tortura o al menos, de pasar por alto ciertas acciones de las fuerzas del orden”, agregó Bravo.
Los resultados de este análisis fueron difundidos en la memoria de la Mesa Redonda “Juntos Contra la Tortura, por Una Ley Integral”, efectuada el 31 de julio de 2024 en el Salón de Honor de la Asamblea Legislativa Plurinacional.