Fractura “masista” no afecta su larga historia de complicidad

Cuestionando la falta de voluntad, lentitud e inacción demostrada por autoridades de gobierno para dar cumplimiento a requerimientos judiciales contra el expresidente Evo Morales, la diputada miembro del “Bloque Dignidad” en Comunidad Ciudadana (CC), Alejandra Camargo, aseguró que la ruptura interna en el Movimiento al Socialismo (MAS) no afectó la larga historia de complicidad que caracteriza a esta organización política.
Luego de una semana marcada por las palabras del presidente Luis Arce, reconociendo haber tenido conocimiento de los comportamientos y preferencias de Morales, calificando estas como un “secreto a voces”, entre autoridades y dirigentes masistas, Camargo aseveró que con estas declaraciones no solo se reconoció el encubrimiento de actitudes cuestionables, sino que se omitieron denuncias y acciones ante evidentes delitos.
“Prácticamente confesó que cogobernó junto a él, a pesar de saber de sus desviaciones e implicaciones en el mundo delictivo”, cuestionó la diputada.
En ese sentido, advirtió que resulta altamente sospechosa la lentitud e inacción de autoridades como el ministro Eduardo del Castillo, quien recientemente justificó la demora en el operativo para aprehender a Morales, argumentando la necesidad de cálculos y mayor planificación para este trabajo.
Para la asambleísta representante del departamento de Cochabamba, este tipo de criterios son contrarios al recurrente comportamiento errático demostrado por la autoridad a lo largo de su gestión, dejando en evidencia una estrategia más orientada a proteger intereses “masistas” internos que a garantizar una justicia real.
“Esta situación evidencia que la fractura interna en el Movimiento al Socialismo no afecta la larga historia de complicidad que ha permitido que estás conductas sean minimizadas, negadas y hasta normalizadas con tal de que sus cabecillas continúen en el poder”, afirmó Camargo.
Reiterando que el Movimiento al Socialismo, “más que una organización política, es un grupo dedicado a la corrupción, el crimen organizado, el encubrimiento y la complicidad, la asambleísta de oposición aseguró que el “objetivo primordial” de los bolivianos en las próximas elecciones generales es romper el ciclo de impunidad “masista” y devolver al país la esperanza en un futuro donde los responsables de este tipo de actos delictivos no sean premiados con el voto, sino enfrentados con una justicia eficiente.
“Es hora de que el MAS y sus vástagos políticos suelten el poder para que Bolivia pueda superar esta crisis moral y de injusticia que atravesamos hace casi ya 2 décadas”, concluyó.
Esta semana, tras confirmar que existe una orden de aprensión y una imputación formal por el delito de trata y tráfico de personas contra Evo Morales, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó que la Policía Boliviana trabaja para dar cumplimiento a estas disposiciones, sin embargo, se busca evitar cualquier tipo de enfrentamientos con personas que resguardan a su líder en la región del Chapare.
“La Policía Boliviana va a dar cumplimiento como en todos y cada uno de los casos. Estamos tomando los recaudos para que no se vulnere ningún derecho (…). Estamos realizando nuestro trabajo y estamos respetando la vida y la integridad de todo el pueblo boliviano, no podemos adelantar las acciones que vamos a realizar para no entorpecer el trabajo del Ministerio Público ni de la Policía”, dijo la autoridad.
Días atrás, luego de conocerse sobre esta orden de aprehensión, seguidores de Morales informaron que una “seguridad de élite” resguarda a la exautoridad para evitar su detención.
Asimismo, ante algunos pedidos de militarización en la región del Chapare, expresados por asambleístas que demandan una pronta aprehensión del líder cocalero, el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, señaló que las acciones de Morales solo ponen en riesgo la vida de sus seguidores, tomando en cuenta que la presencia de personas armadas en el lugar solo puede generar enfrentamientos.
En ese sentido, rechazó los pedidos de usar la fuerza pública para garantizar esta aprehensión, llamando a actores políticos a emitir criterios con cautela y “no decir cosas de memoria”.
Al respecto, el diputado paceño Alejandro Reyes, aseguró que la pasividad de autoridades de gobierno para ejecutar la orden de aprehensión contra Morales, se debe a la existencia de cálculos políticos previos a una etapa electoral, similares a los realizados por Arturo Murillo durante el gobierno de transición.
“Al señor Eduardo Del Castillo no le da la gana de ejecutar esta orden porque le tiene miedo a Evo Morales y esta situación se convierte en otra tomada de pelo, están haciendo política en vez de ejecutar una orden de aprehensión, lo mismo que hacia el señor Murillo en su momento”, dijo.
Según Reyes, no se debe permitir que autoridades de gobierno se conviertan en cómplices ante una posible fuga de Morales.