A tempranas horas de ayer y con algunas prendas de vestir como chompas y zapatos, además de juguetes y peluches empapados de lodo, vecinos de Bajo Llojeta bloquearon la calle Federico Suazo, frente a la puerta de la empresa inmobiliaria vinculada al desastre ocurrido el pasado 23 de noviembre cuando una mazamorra afectó a 40 casas y una niña de cinco años falleció. Los movilizados demandan la ejecución del plan de contingencia de esa empresa y que ayude a retirar todo el lodo que quedó.
“La empresa (…) no ha traído ni una pala ni picota. Que se hagan responsables de la mazamorra, ellos han hecho el movimiento irregular de tierra, hasta ahora no han sacado el lodo”, protestó la vecina de la Urbanización El Prado, Andrea Quispe. La mujer pidió a la empresa inmobiliaria “que manden un tractor y una volqueta, ellos también son responsables, solo la Alcaldía de La Paz está trabajando, pero por la magnitud se necesita más maquinaria”, manifestó.
El 23 de noviembre una mazamorra descendió desde la parte alta del Cementerio Los Andes hacia la zona Bajo Llojeta causando que más de 40 viviendas queden cubiertas de lodo y una niña de cinco años falleciera.
Según el informe de la Alcaldía de La Paz, el hecho se produjo por el movimiento de tierras que hizo la empresa inmobiliaria, que administra el camposanto.
“Queremos justicia”, “saquen su lodo”, “devuélvannos nuestras casas”, “manden maquinaria”, gritaban los vecinos, quienes tenían entre sus manos prendas de vestir, zapatos y juguetes que quedaron empapados de lodo.
La dirigente de los vecinos de la Urbanización El Prado, Ermiña Laime, recordó que el 2 de diciembre, los representantes de la empresa se comprometieron a trabajar en todas las zonas afectadas.
Sin embargo, “no hemos sido escuchados, hasta ahora no ejecutan el plan de contingencia, no recibimos ninguna ayuda”, aseguró.
ALCALDÍA
La comuna paceña aseguró que apoyan a los damnificados desde el primer momento de la tragedia, además presentaron su plan de contingencia que lo aplicaron en coordinación con las Fuerzas Armadas, el Viceministerio de Defensa Civil y los vecinos, incluso obreros y técnicos especialistas ediles aún trabajan en la zona.
Las evaluaciones técnicas son constantes. “Nuestro personal está con maquinaria pesada, generando defensivos, armando aviones, trabajamos en el puente El Rosario, recuperamos bienes inmuebles en medio del lodo y continuamos”, detalló el secretario Municipal de Resiliencia y Gestión de Vulnerabilidades, Juan Pablo Palma.
También destacó el cobijo, la alimentación, la contención emocional y el apoyo psicológico que se brinda a las familias damnificadas en el albergue Illimani. “También instalamos un puesto de comando donde se han tenido todas las reuniones técnicas y de coordinación, inclusive sesiones de gabinete se han dado en el sector”, acotó.
Se rescataron perros y gatos de las viviendas afectadas y coordinan con las empresas prestadoras de servicios básicos, como la Empresa Pública y Social de Aguas y Saneamiento (Epsas).
Por otro lado, en su declaración, el propietario de la inmobiliaria, L. I., confirmó que los terrenos del Cementerio Jardín Los Andes pertenecen al municipio de Achocalla. Entonces, la alcaldía paceña no puede fiscalizar ese predio, pero pese a ello, el Ministerio Público realiza una persecución contra los funcionarios ediles, indicó la directora de Asuntos Jurídicos del municipio de La Paz, Amparo Morales.
Aseguró que lo que más llama la atención es que el Ministerio Público continúa ampliando la denuncia y sigue haciendo una persecución a los funcionarios municipales del Gobierno Municipal de La Paz y no pudo determinar o involucrar a la empresa inmobiliaria como responsables de todo este hecho.
INMOBILIARIA
Por su parte, la empresa inmobiliaria emitió un comunicado en el que “alerta sobre el grave riesgo de nuevos eventos debido a la falta de acción del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (Gamlp) en la limpieza y desobstrucción de la bóveda de 300 metros lineales que conecta el Río Pasajahuira con el Río Choqueyapu”.
El escrito añade que la Resolución Constitucional No. 295/2024, emitida por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, obliga al Gamlp a ejecutar de manera inmediata sus propios planes de contingencia, prevención y mitigación, sin trasladar estas responsabilidades a terceros.
“Nos encontramos a puertas de enero, históricamente el mes más lluvioso en La Paz. La falta de intervención en la bóveda mencionada podría derivar en la inundación de áreas vulnerables e invasión de lodo en viviendas y avenidas (ej. Av. Costanera), repitiendo el escenario trágico del 23 de noviembre pasado”, señala el comunicado.
Además, la empresa asegura que “ha cumplido con sus compromisos dentro del acuerdo suscrito voluntariamente con el Gamlp, logrando un avance superior al 60% en el plan de mitigación de riesgos, aprobado en el acta del 1 de diciembre de 2024” y exhorta al Gamlp y al Alcalde Iván Arias “asumir sus responsabilidades legales y constitucionales, y a actuar de manera urgente para evitar nuevas tragedias”.
Finalmente, reitera su compromiso y disposición a seguir colaborando en el marco de los acuerdos establecidos.