Añez: “Procesos contra presos políticos vulneran todo principio del Derecho”

Asegurando que, mediante acciones conjuntas entre los órganos Ejecutivo y Judicial, además del Ministerio Público, se reiniciarán procesos ilegales con sentencias anticipadas en contra de presos políticos, la expresidenta Jeanine Añez Chávez reiteró que dichos juicios son atentatorios contra todos los principios del derecho internacional de los derechos humanos.
Mediante sus redes sociales, la exmandataria se refirió al reinicio del juicio por el caso denominado “Golpe de Estado I”, el cual se tiene previsto, entre a su fase final esta semana.
“Este abuso del Estado criminalizando a los defensores de la democracia, privados de su libertad fuera de todo límite legal, sometidos a torturas psicológicas y emocionales, a audiencias virtuales de más de 12 horas, insalubres, injustas, inhumanas, es atentatorio contra todos los principios del derecho internacional de los derechos humanos”, aseguró Añez.
Para la exmandataria, es cuestionable que los órganos Ejecutivo, Judicial y la Fiscalía, dejan pasar a Evo Morales y su entorno los delitos “más asquerosos que pueda cometer una persona” como la violación de niñas y adolescentes, la trata y el tráfico de personas, incluso, la desaparición de niños y el borrado de su identidad, mientras ciudadanos que lucharon por la democracia sufren de persecución y son presos políticos.
“Decir que todo esto es más que un abuso, ya no alcanza. El régimen del MAS se fortalece en la perversión, la complicidad y la impunidad de sus dirigentes, a vista y paciencia de las fuerzas del orden, sus ‘movimientos sociales’ y el silencio permisivo entre azules y azulados”, expresó Añez.
Según reporte de la agencia estatal de noticias, el ministro de Justicia, César Siles, informó sobre el avance de este proceso, contra los principales acusados excívicos Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, esperando una pronta sentencia condenatoria.
“El juicio está previsto que sea reanudado el 6 de enero, entendemos que si se reanuda y no se presenta ningún (recurso) imponderable, debería avanzar en un par de semanas o tres hasta llegar a alegatos y posteriormente dictarse la sentencia (…) la sentencia será un precedente inédito”, consideró.
En este proceso fueron investigados Añez, Camacho y Pumari, mientras los excomandantes de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman y Carlos Orellana; el excomandante de la Policía Yuri Calderón y el exministro Luis Fernando López fueron declarados “rebeldes” porque huyeron de Bolivia. También está el exinspector de las Fuerzas Armadas, Jorge Fernández.
El caso denominado “Golpe de Estado I” tiene que ver con todos los hechos ocurridos entre el 20 de octubre y el 12 de noviembre de 2019 que derivaron en la renuncia de Evo Morales.
“Es un proceso que en términos simples debe entenderse como los actos preparatorios del golpe consumado con la asunción al mando de la señora Jeanine Añez que, además, fue demostrado en otro proceso denominado ‘golpe de Estado II’. Recordemos que existe una sentencia condenatoria y ejecutoriada (…) Golpe I, que se refiere a los actos preparatorios antes de que suceda la asunción al mando, involucraba inicialmente a 8 personas de las cuales parte de ellas fueron declaradas rebeldes”, explicó la autoridad.
Añez fue apartada del caso porque su defensa presentó un incidente de “ne bis in idem” con el argumento de que no puede ser juzgada dos veces por un mismo delito.
“Ella presentó un incidente, que denominamos los abogados ‘ne bis in idem’, que nadie puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho, aludiendo que fue juzgada en el caso golpe de Estado II”, agregó.
El caso “Golpe de Estado I” se activó a finales de 2020, tras la denuncia de la exdiputada del Movimiento al Socialismo, Lidia Patty. “Vamos a pedir la pena máxima, a los efectos de que se pueda sentar un precedente para que nadie pueda lesionar el Estado social democrático. Se debe establecer que la víctima es el Estado Plurinacional de Bolivia (…). Vamos a pedir 20 años”, aseveró Jorge Nina, abogado de la exdiputada.
“A Fernando Camacho se lo está juzgando en este caso Golpe de Estado I porque ha asegurado que tenía comprada a la Policía, que su padre había pagado un bono para que puedan amotinarse y que no salgan (…) además que se ha movilizado de Santa Cruz a La Paz para pedir las renuncias, entre otros hechos, que no han sido investigados en Golpe de Estado II, lo mismo ocurre con el señor Marco Antonio Pumari que, prácticamente, lo acompañó todo ese tiempo, por eso me refiero a los dos”, indicó Siles.
Camacho está ahora recluido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, emplazado en el municipio paceño de Viacha. En tanto, Pumari retornó al penal de Cantumarca (Potosí) hasta que el juicio sea reinstalado.
Según el artículo 158 del Código Penal, se establece como cohecho activo “el que directamente o por interpuesta persona, diere o prometiere a un funcionario público o autoridad, dádivas o cualquier otra ventaja, para hacer o dejar de hacer algo relativo a sus funciones, será sancionado con la pena del Art. 145, disminuida en un tercio”.