miércoles, enero 8, 2025
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Pumari no fue trasladado

Suspenden nuevamente audiencia por «Golpe I»

La audiencia del juicio por el caso «Golpe de Estado I» fue nuevamente suspendida ayer por la baja médica de una de las vocales del juzgado y la ausencia del excívico potosino, Marco Pumari, quien no pudo ser trasladado por falta de recursos para el combustible de su transporte, según Régimen Penitenciario. El gobernador cruceño acusado, Luis Fernando Camacho, fue trasladado a juzgados en La Paz para asistir y fue luego regresado al penal de Chonchocoro.

“Se ha suspendido la audiencia del día de (ayer): uno por inasistencia de Marco Antonio Pumari, y dos, porque una de las jueces técnicas estaba con baja médica”, informó el abogado defensor del mencionado excívico, Diego Gutiérrez.

Desde Régimen Penitenciario arguyeron que Pumari no fue trasladado porque no se contaba con los recursos para comprar gasolina y efectuar el operativo, señaló Gutiérrez: “El Ministerio de Gobierno ha presentado un informe donde dicen que no se lo ha trasladado por falta de recursos económicos. O sea, no tienen la gasolina para trasladarlo a Marco Pumari desde Potosí hasta la ciudad de La Paz”.

El jurista agregó que la nueva ficha y hora de la audiencia sería fijada luego de recabarse el mencionado informe, donde además se menciona la baja médica de la juez que no asistió.

En cuanto al coacusado, Luis Fernando Camacho, llegó cerca de las 06:30 de ayer al Tribunal de Justicia de La Paz, desde el penal de máxima seguridad ubicado en Viacha. En horas de la mañana, se lo fotografió conversando elocuentemente con el vicepresidente de su alianza política Creemos, Efraín Suárez, y tras la suspensión del acto judicial fue nuevamente llevado hasta su celda en Chonchocoro.

El caso “Golpe de Estado I” fue iniciado por la exdiputada, Lidia Patty, en 2020, en el cual se investigan los hechos que llevaron a la renuncia del expresidente, Evo Morales, en 2019, tras denuncias de fraude electoral y una polémica transmisión de datos preliminares la noche de las elecciones generales de octubre de ese año, que generaron una violenta convulsión social a nivel nacional. En este proceso, se acusa a Pumari y Camacho por los supuestos delitos de terrorismo, conspiración y cohecho activo.

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