Un informe preparado por la Fundación Milenio revela que en el contrato suscrito por el Estado boliviano, representado por Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), con la compañía rusa Uranium One Group para el desarrollo de una planta de extracción de litio el pasado 11 de septiembre, Bolivia asume la mayoría de los riesgos y la empresa ninguno.
Entretanto, el presidente de la empresa estatal, Omar Alarcón, aseguró que los contratos que Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) suscribió con el consorcio chino Hong Kong (CBC) y la rusa Uranium One Group (UOG) garantizan la seguridad jurídica y soberanía del Estado boliviano con el 51% de participación en la industrialización del metal blanco.
Ambos contratos esperan su tratamiento en el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), lo que dará inicio a la puesta en marcha en la construcción de plantas de producción de carbonato de litio grado batería en el Salar de Uyuni (Potosí) y alrededores, señala la estatal.
Observaciones
Milenio advierte, por ejemplo, que el contrato se circunscribe a la construcción de una planta de Extracción Directa de Litio (EDL) y producción de carbonato de litio, en el tiempo de 18 meses, lo que significa que transcurrido este plazo el acuerdo quedará extinguido.
“El contrato señala que la construcción se ejecutará en tres fases, en al menos tres años, pero ya para entonces la asociación accidental habrá dejado de existir. Lo que queda en la penumbra es quién tendrá la responsabilidad de concluir la construcción de la planta”, explica el director de Milenio, Henry Oporto.
Más grave aun, señala Oporto, es que Yacimientos del Litio Boliviano, pese a tener una participapción mayoritaria en la sociedad (51%), no sería propietaria de la planta construida.
“UOG contruirá la planta, pero para hacerse cargo de su operación y mantenimiento, deberá firmar otro contrato. Además, la compañía rusa, mediante otro contrato, adquirirá el derecho de comprar y comercializar el litio que ella misma produciría”, añade.
Lo que más llama la atención, alerta el director de Fundación Milenio, “es que YLB se obliga a firmar un contrato adicional para acordar los costos recuperables, o sea la inversión efectuada por UOG en la construcción de la planta, las labores exploratorias y estudios adicionales”.
Que YLB se obligue a devolver a UOG la inversión realizada para la construcción de la planta, significaría que los gastos corren por cuenta de la empresa boliviana y no del inversionista ruso.
Si bien el contrato de asociación accidental señala la obligación de las partes de firmar los otros contratos, no existiría garantía de que UOG se hará cargo de operar la planta construida, porque ello está sujeto a un nuevo contrato, que ya no será de asociación accidental sino de prestación de servicios.
“La pregunta obligada es qué sucederá en caso de que UOG, por las razones que fuere, decline operar la planta. ¿YLB se hará cargo de la operación? ¿Tendrá que buscar otro operador de una planta con tecnología rusa? ¿Y si no lo encuentra?, aunque no se dieran tales extremos, dados los peligros inherentes, la posición negociadora de YLB se vería muy lastimada frente a la empresa rusa con obvias ventajas para imponer sus condiciones”, concluye Oporto.
Contratos
“Los contratos están claramente establecidos, hay acápites importantes respecto a que nos dan seguridad jurídica y nos garantizan la soberanía y en las actividades del contrato como tal”, dijo Alarcón en entrevista con la Red de Medios Estatales.
Explicó que en los contratos se establece que el Estado boliviano, a través de YLB, tiene más del 51% de participación en la industrialización del litio y la garantía de que el 100% de la comercialización del carbonato de litio está a cargo de la empresa estatal.
“Básicamente, lo que está establecido en el contrato es que, a través de esa estructura, nosotros garantizamos una soberanía del Estado boliviano en estos contratos (para industrializar el litio)”, insistió.
Asimismo, Alarcón destacó que los contratos para industrializar el metal blanco boliviano tienen una inversión “muy importante para el país, que alcanza casi a los 2.000 millones de dólares”, de parte de las empresas extranjeras.
Expertos nacionales e internacionales, coincidieron, por separado, en que Bolivia viene a ser el país en donde se experimentará con la tecnología EDL, pues a la fecha no hay una nación en que se aplique la misma en el área industrial.