Quien plantee eliminar el TCP no debe llegar a la presidencia

Puntualizando que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) es un gran avance de la democracia en materia jurídica, la senadora por Comunidad Ciudadana (CC), Silvia Salame, rechazó los criterios que sugieren la eliminación de esta instancia, señalando que este tipo de criterios corresponden a gente mal asesorada que no debería tener posibilidad de llegar a la presidencia del Estado.
En declaraciones a medios de prensa, la legisladora chuquisaqueña señaló que todo criterio debe ser respetado, sin embargo, es necesario contar con cierto tipo de preparación en el área de Derecho al momento de lanzar propuestas en campo de la justicia. “Zapatero a tus zapatos”, dijo.
Reiterando que, en materia jurídica, la figura del Tribunal Constitucional se constituye un “avance importante en democracia”, Salame rechazó los criterios expresados recientemente por el empresario Samuel Doria Medina y su propuesta de campaña para eliminar este alto tribunal del Órgano Judicial.
Asimismo, rechazó los criterios que cuestionan la existencia y continuidad del Tribunal Constitucional Plurinacional, basada solamente en el proceder de sus componentes, prorrogados ilegalmente.
“Sería el peor error que porque existan personas inescrupulosas que hoy estén ejerciendo la magistratura, se pretenda anular una institución. Es como que yo dijera que porque hay malos senadores, se anule el Senado”, aseguró la legisladora de oposición.
Durante una entrevista televisiva, el líder y empresario Samuel Doria Medina, miembro del bloque de unidad opositora que promueve una candidatura única para las próximas elecciones generales, planteó una ambiciosa reforma a la Constitución Política del Estado (CPE), cuyo primer paso sería eliminar el Tribunal Constitucional Plurinacional, debido a que, en su criterio, esta institución habría obstaculizado el avance del país y se convirtió en una instancia que alarga los procesos judiciales y fomenta la corrupción.
Según el empresario, el TCP no solo habría complicado la vida institucional de la justicia, sino que también asumió un rol poniéndose por encima de los demás órganos del Estado.
“Yo no veo ninguna utilidad en ese TCP. Propongo volver al esquema en el que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sea la última instancia, y dentro de este tribunal, crear una sala especializada en el control de constitucionalidad”, planteó el líder de Unidad Nacional.
En su intervención, también destacó que la actual Constitución incluya barreras que dificultan la inversión extranjera, fundamentales para el desarrollo de sectores estratégicos como el gas y el litio. Además, criticó la escasez de recursos asignados al sistema judicial, señalando que Bolivia destina menos del 0,5% del presupuesto estatal a la justicia, un porcentaje que está lejos de un estándar internacional de oscila entre el 1% y 3%.
En criterio de Salame, este tipo de declaraciones están alejadas de la realidad y corresponden a un personaje político “mal asesorado”.
“Pero por favor, ¿dónde estamos? Pienso que está muy mal asesorado el señor Doria Medina, y si tiene ese criterio, ojalá no sea presidente”, concluyó.
En diciembre de 2023, ante el estancamiento para el inicio del proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y a días para la culminación de su período de mandato, el Tribunal Constitucional Plurinacional dispuso prorrogar el tiempo de funciones de altas autoridades del TCP, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura hasta la designación de nuevas autoridades de justicia mediante voto popular.
A partir de ese momento, una ola de cuestionamientos por parte de la clase política, exautoridades y la ciudadanía en su conjunto rechazaron esa determinación argumentando que se vulneró el texto constitucional y alteró todo el ordenamiento jurídico del país.
Tras la realización de las elecciones judiciales en el mes de diciembre de la gestión 2024, de forma parcial por determinación del TCP, una nueva sentencia emitida por esta instancia, dispuso que el mandato de los magistrados prorrogados de los departamentos donde no se eligieron nuevas autoridades de justicia continúa hasta que se elija a sus reemplazantes mediante una elección por voto.
Dicho fallo sostiene que la sentencia constitucional 0770/2024, de la Sala Cuarta, con la que se declaró desiertas las convocatorias para la elección de magistrados para el TSJ en Beni y Pando y para el TCP en Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija, “no es contradictoria ni afecta lo resuelto en la DCP 049, toda vez que, en dichos departamentos, deberán continuar su mandato los magistrados hasta su reemplazo en la forma dispuesta por la declaración constitucional 049/2023 de 11 de diciembre”.