A pesar de que ha pasado bastante tiempo, hasta el presente el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Órgano Electoral no han proporcionado suficiente información, sobre el último censo de población y las elecciones de magistrados. En el primer caso, para que diversos sectores sociales dejen de manifestar su descontento por los resultados del recuento de población y vivienda realizado en nuestro país. Y es que de la cantidad de pobladores se hace depender la dotación de recursos para cada departamento, así como la asignación de escaños parlamentarios.
Dichos organismos y otros del Estado tienen la obligación de proporcionar a la ciudadanía, sin tardanza, los datos numéricos generales y particulares que fueron obtenidos en eventos como los mencionados. Sin embargo, el censo de población y las elecciones de magistrados siguen adoleciendo de fallas en su organización y sus resultados no dejan de provocar rechazo y cuestionamientos.
Es cierto que se sigue brindando cifras vagas e incompletas, además con demora. El INE tardó meses en dar noticias muy generales sobre el censo, mientras el Órgano Electoral después de varios días dio información sobre la elección de magistrados, que, además, fue realizada solo en algunos departamentos, por lo que fue motivo de desconfianza, particularmente porque los ciudadanos no tenían suficientemente información sobre los candidatos a magistrados y fueron a votar principalmente para contar con el documento de sufragio que los habilita para hacer diversos trámites y evitar multas.
Se cuestiona al Órgano Electoral por no informar sobre la cantidad real de votos blancos, nulos, la cantidad de gente imposibilitada de votar, el rechazo, en algunos casos, a que voten personas de la tercera edad y otros aspectos. Además, algunos vocales anticiparon que las elecciones fueron transparentes, que la abstención fue baja, que los votos nulos fueron insignificantes, que no hubo filas extensas para justificar la imposibilidad de votar.
En esa forma, no se dijo la verdad sobre la abstención, con relación a las dos elecciones anteriores de magistrados. Tampoco se mencionó que, mediante las redes sociales, se hizo saber a la población que los votos blancos y nulos solo favorecerían a los candidatos afines al MAS, por un cuestionado procedimiento de calificación. Todo eso hizo sospechar a la ciudadanía que la elección no fue transparente. A la vez, el Órgano Judicial siga mostrándose como un mecanismo afín al Poder Ejecutivo, anulando su independencia.
Como los indicadores sobre el censo y las elecciones para magistrados tienen mucha importancia, la falta de transparencia causa rechazo y protesta en la opinión pública. Además, para la organización de la reciente elección de magistrados, se ha gastado cerca de 200 millones de bolivianos, se ha discutido sobre ese evento por más de dos años y todavía falta conocer lo que ocurrirá con sus resultados.