El año 2024 será recordado como uno de los más complejos para la economía boliviana, marcada por una inflación que superó ampliamente las expectativas. Con un índice inflacionario que alcanzó el 9,97%, más del doble de la meta anual del 3,60% establecida en el Presupuesto General del Estado, la estabilidad de precios se vio gravemente comprometida. Sin embargo, esta cifra general oculta las profundas disparidades entre los distintos productos y las regiones del país, que amplifican aún más el impacto de la inflación en la población boliviana.
La clasificación de productos del Instituto Nacional de Estadística (INE) revela los sectores más afectados: los “bienes y servicios diversos” y los “alimentos y bebidas no alcohólicas”, afectando directamente el bienestar de los hogares. El grupo de “bienes y servicios diversos” experimentó un aumento promedio del 17,82% a nivel nacional, lo que se traduce en un encarecimiento notable de productos esenciales como pasta dental, papel higiénico, champú y jaboncillo. Aunque estos bienes puedan parecer triviales, su incremento subraya la dependencia de Bolivia de productos importados, cuyo costo ha aumentado debido a la escasez de divisas al tipo de cambio oficial.
Por otro lado, la categoría de “alimentos y bebidas no alcohólicas” registró un aumento del 15,40%, lo que amenaza el acceso de las familias, particularmente las de menores ingresos, a productos básicos como arroz, carne de pollo y aceite. Estos incrementos se deben en gran parte a la escasez de combustible y divisas, que han elevado los costos de producción y distribución. Así, el impacto en los hogares bolivianos se vuelve aún más grave en un contexto donde el acceso a alimentos y productos de higiene es crucial para la estabilidad social.
Lo que hace aún más evidente la gravedad de la situación es que el aumento generalizado de precios no ha afectado a todas las regiones de la misma manera. En las zonas más distantes, como el norte del país, el impacto ha sido aún más pronunciado. En Cobija, por ejemplo, se registró una inflación del 13,79%, con un incremento alarmante del 24,10% en los alimentos. Este aumento ha hecho que productos esenciales como el arroz o el azúcar se vuelvan inalcanzables para muchas familias. Además, los bienes de higiene experimentaron un alza del 10,57%, reflejando problemas logísticos y la dependencia de importaciones. La escasez de combustibles ha intensificado estos problemas, afectando a las regiones con mayores dificultades para acceder a los productos esenciales.
En otras regiones como Potosí, el incremento fue igualmente elevado, con una inflación total del 12,18%, impulsada principalmente por un aumento del 27,15% en los “bienes y servicios diversos”. Este aumento ha afectado el acceso a productos de uso diario y servicios, que ya eran costosos debido a la geografía y la estructura económica de la región. En Trinidad, por su parte, la inflación alcanzó el 11,26%, con aumentos de precios en alimentos (19,60%) y bienes diversos (15,97%). La combinación de precios más altos y menores ingresos ha puesto una presión adicional sobre los hogares de las regiones más vulnerables, lo que refleja una disparidad estructural en el acceso a bienes y servicios.
Varios factores subyacen a este aumento generalizado de precios. La dependencia de bienes importados, agravada por la limitada disponibilidad de dólares al tipo de cambio oficial, ha generado cuellos de botella en el suministro de productos esenciales. Además, la creciente emisión monetaria para cubrir déficits fiscales ha incrementado la cantidad de dinero circulante sin el respaldo suficiente en la producción de bienes y servicios, lo que ha exacerbado la inflación. Asimismo, la escasez de combustibles ha elevado los costos de transporte y producción, afectando no solo a los productores, sino también a los consumidores finales, especialmente en las áreas rurales, donde los costos logísticos ya eran elevados.
Ante este panorama, el año del bicentenario presenta una oportunidad para reflexionar sobre el futuro económico de Bolivia. Si bien el gobierno ha implementado diversas estrategias para enfrentar los problemas económicos, estas medidas no lograron frenar el aumento de precios ni mejorar la situación económica de la mayoría de la población. Para revertir esta tendencia, es fundamental adoptar reformas estructurales que no solo aborden los problemas inmediatos, sino que también promuevan una estabilidad económica sostenible a largo plazo.
Es urgente que Bolivia implemente políticas que favorezcan la producción privada interna y la diversificación de su economía. Asimismo, es crucial impulsar la inversión privada y generar condiciones que favorezcan la competitividad. El país debe trabajar en la mejora de su infraestructura logística y la solución de la escasez de combustibles, que sigue siendo un cuello de botella en el desarrollo económico. Además, la reducción del gasto público, orientado a áreas de alta eficiencia y productividad, permitirá que los recursos sean utilizados de manera más efectiva, promoviendo un crecimiento inclusivo y sostenible.
Si Bolivia no toma medidas estructurales a tiempo, los problemas económicos actuales no solo persistirán, sino que se agravarán, afectando de manera aún más profunda a las regiones más vulnerables. El futuro económico del país depende de su capacidad para adaptarse a estos desafíos, encontrar un equilibrio entre el crecimiento y la estabilidad macroeconómica, y adoptar un enfoque más dinámico y diversificado para afrontar la inflación y sus efectos sociales.
El autor es Economista con Ph.D. en Ciencia Política y Relaciones Internacionales.