Cobija registró la mayor inflación con 13,79%, en el 2024, seguido de Potosí con el 12,18%, después Trinidad con un 11,26%, Tarija Capital con 10,58%. De ahí viene la Conurbación de La Paz (10,11%) y la Región Metropolitana Kanata (10,02%).
Dentro las zonas menos inflacionarias están: Santa Cruz (9,72%), luego Sucre (8,91%) y, finalmente, Oruro (8,69%), de acuerdo al análisis elaborado por el presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, Fernando Romero.
En 2024, Bolivia cerró con una inflación acumulada o anual del 9,97%, la más alta de los últimos 16 años, es decir durante el periodo 2009 al 2024. Sin embargo, esta situación fue similar a nivel regional, donde las ciudades capitales, metrópolis o conurbaciones presentaron la misma característica, a excepción de Tarija Capital, que el año 2017 presento una inflación anual del 11,73%.
Aunque cada región tiene sus propias características económicas y sociales, y por ende de mercado y de variación de precios, la situación y tendencia inflacionaria es común a la del país en su conjunto, apuntó.
El año pasado, por la falta de carburantes y sobre todo por un dólar escaso y caro, influyo en el encarecimiento de la producción y comercialización de bienes y servicios a nivel local, afectando notablemente el poder adquisitivo de su población, indicó Romero.
A eso se sumaron los bloqueos y los conflictos sociales que afectaron a la producción y comercialización de productos en todo el territorio nacional. Y de acuerdo a autoridades del gobierno, el daño provocado por esta medida asciende a alrededor de 3.000 millones de dólares.
Las perspectivas para este 2025 no soy muy positivas, los problemas inflacionarios continuarán, mientras no se resuelvan de manera estructural la crisis que vive Bolivia, y la política este por encima de lo económico, bajo un entorno de incertidumbre y pesimismo, alertó.
La crisis estructural tiende a agudizarse ante la falta de financiamiento externo, que la Asamblea debe aprobar, de alrededor de 3.500 millones de dólares; entre tanto, el Gobierno sostiene que los créditos en el legislativo ascienden a más de 1.200 millones.