El caso de violación a una subteniente del Ejército en un batallón de Pando refleja una seria crisis de valores en la estructura del Estado, además de una gravísima vulneración a los Derechos Humanos de la víctima por haber sido grabada y obligada a callar, según criterios del representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Manuel Morales.
“El masismo, el Gobierno, las Fuerzas Armadas y la institucionalidad están siendo corroídos por dentro en términos de valores, de comportamientos y ahí están los resultados. Para mí esto es una muestra, un indicador, un síntoma de una enfermedad mucho mayor que está quejando a nuestras instituciones”, señaló Morales en entrevista con un medio digital.
El activista manifestó su preocupación considerando no solo el acto del vejamen físico en sí, sino que la oficial del Ejército también sufrió un abuso flagrante de poder al haber sido presionada para que no denuncie a sus violadores, así como una serie de irregularidades de las normas militares, que van desde el hecho de beber dentro de un cuartel y de grabar a la víctima en pleno acto delictivo.
“Es un caso gravísimo porque se da en circunstancias donde cuatro o cinco militares están bebiendo en la oficina del coronel del Batallón. Esto es una primera irregularidad que, por supuesto, llama la atención respecto al relajamiento de la disciplina militar. ¿Cómo es posible que estén consumiendo bebidas alcohólicas en un cuartel?”, cuestionó Morales.
Luego, el vocero del Conade recordó que “lo grave de esto es que había hombres y mujeres, donde resulta que al final una teniente es violada, es filmada –este es otro elemento gravísimo que complejiza el caso– y finalmente tenemos la participación de una capitana mujer capitana que, en vez de ser solidaria con su camarada subteniente, le intenta convencer durante casi más de dos semanas de que no realice ninguna denuncia”.
Considerando que varias personas están involucradas en el hecho y los agravantes que presenta el caso, para Morales se trata de una “violación en manada con complicidad de militares”, en analogía a un caso de violación grupal en Santa Cruz, en el que una mujer fue abusada sexualmente por varios jóvenes en la misma noche, hecho que repercutió sonadamente en los medios de comunicación.
El hecho data de fines de diciembre de 2024, durante un festejo en el Batallón de Ingeniería VI “Riosinho” en Pando. De acuerdo con la denuncia, la mujer fue obligada a beber hasta perder la consciencia y despertó al día siguiente semidesnuda en la oficina del coronel. Tres militares implicados ya fueron capturados y enviados a la cárcel de Villa Busch con detención preventiva.
EJEMPLO DESDE ARRIBA
La Defensoría del Pueblo informó que en 2024 atendió 45 denuncias de vulneraciones de derechos humanos en recintos militares, entre ellos casos de abusos y maltrato por parte de instructores, deficiencias en la atención médica de soldados y agresiones sexuales, señala una nota de EFE.
Morales recordó el caso del “salto de la muerte” en el Regimiento Gualberto Villarroel, cuando dos conscriptos resultaron heridos en estado crítico luego de saltar al vacío por orden de su superior, durante una muestra de ejercicios militares, sin ningún equipo de seguridad.
En ese sentido, el entrevistado lamentó que estos abusos, en general, se deban al “ejemplo” que se da desde las altas autoridades del Estado. Cree que, al cometer delitos sexuales en total impunidad, se da rienda suelta a los impulsos de autoridades de menor rango para que “hagan lo que les da la gana”.
“Aquí hay un tema de desestructuración de la institucionalidad militar (…) Creo que esto responde también al ejemplo que se está dando: si altas autoridades como un excapitán de las FFAA, Evo Morales, comete delitos sexuales y no es aprehendido, no es detenido, no es juzgado, no es sancionado, ¿qué mensaje se está dando a las estructuras inferiores e instituciones del Estado? Que en materia de delitos sexuales puedes hacer lo que te da la gana, aquí los instintos mandan y están por encima de las normas”, señaló.