A pesar de frecuentes reclamos de ambientalistas y sectores sociales que muestran preocupación por lo que sucede con los parques nacionales en nuestro país, desde el Estado no se percibe verdadero interés por preservarlos, a pesar de contener valiosos recursos naturales. Por esa falta de atención, hoy las reservas naturales son asediadas por mineros ilegales, avasalladores de tierras y gente dedicada a la tala indiscriminada de árboles y a la caza de animales. También ingresan empresas en busca de yacimientos de gas.
Entre los que ingresan a esas áreas, supuestamente protegidas por leyes, están los llamados interculturales, sea para sembrar coca excedentaria o asentarse en terrenos fiscales, para comercializarlos después de legalizarlos. También mineros irregulares ingresan para extraer oro de ríos, dejando a su paso contaminación de aguas y degradación de la tierra. Mientras que otros tratan de habilitar terrenos para ampliar la frontera agrícola, ganadera, etc.
Instituciones del Estado están encargadas de proteger los parques nacionales, pero desde que el MAS está en el gobierno, por casi 20 años, esas reservas naturales son avasalladas por afines a ese partido populista. En realidad, son los guardaparques, cuya cantidad es mínima e indígenas, quienes tratan de defender esas zonas de las que obtienen medios de subsistencia. Pero todos ellos son objeto de amenazas, acoso y desprestigio cuando se oponen a actividades de la minería irregular u otras depredadoras.
Por otra parte, guardaparques son despedidos, como Marcos Uzquiano, después de que denunció la caza furtiva en reservas naturales. Según el Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib) y la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), desde 2018 hubo 250 casos de agresiones a quienes defienden el medio ambiente, entre ellos mujeres. Lo peor es que han sido amenazados con armas de fuego o sus comunidades han sido objeto de bloqueos, quedando aisladas.
En el caso de la explotación minería ilegal, acaba con fuentes de agua, despareciendo vegetación y quedando la tierra no útil para la producción de tubérculos y granos. Lo cierto es que prevalece el extractivismo que destruye la naturaleza y afecta especialmente a pueblos indígenas. Pero siguen entrando avasalladores de tierras y mineros irregulares, principalmente, a los reservorios naturales.
También fundaciones u organizaciones no gubernamentales defienden el medioambiente son motivo de hostigamiento. Además, la normativa vigente se presta a manipulación, por lo que hasta los depredadores pueden enjuiciar a guardaparques e indígenas, amenazarlos o agredirlos impunemente.
A pesar de que un tribunal de justicia dispuso que el señor Uzquiano vuelva a ser jefe de la Estación Biológica del Beni, queda reparar las injusticias cometidas contra otros guardaparques e indígenas, así como adoptar medidas para, en verdad, preservar nuestros parques nacionales.