La célebre frase de Lord Acton, “el poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente”, resuena con particular vigencia en el contexto latinoamericano actual. Esta máxima, pronunciada hace más de un siglo, parece haberse convertido en una profecía autocumplida en nuestra región, donde la corrupción ha penetrado profundamente en las estructuras del Estado, creando una crisis de legitimidad sin precedentes en las instituciones democráticas.
El panorama actual de América Latina presenta un escenario desolador en términos de integridad pública. Según el último Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (2023), la región mantiene un promedio significativamente inferior a otras zonas del mundo desarrollado. Más preocupante aún resulta la tendencia negativa que se observa en países que alguna vez fueron considerados ejemplos de gestión transparente. Como señala Naím (2023) en su obra “La Revancha de los Poderosos”, esta degradación institucional no es casual, sino el resultado de décadas de captura sistemática del Estado por parte de élites político-empresariales.
La corrupción en nuestra región ha adoptado formas cada vez más sofisticadas. Mungiu-Pippidi (2022) argumenta en “The Quest for Good Governance” que ya no se trata simplemente de sobornos o malversación de fondos, sino de redes complejas de influencia que han logrado normalizar prácticas corruptas dentro del aparato estatal. Esta “institucionalización de la corrupción” se manifiesta en la creación de marcos legales aparentemente legítimos que, en realidad, facilitan el desvío de recursos públicos y la concentración de poder en manos de grupos privilegiados.
El Papa Francisco, en su encíclica “Fratelli Tutti” (2020), caracteriza la corrupción como un “cáncer social” que destruye no solo las instituciones, sino también el tejido moral de la sociedad. Esta metáfora resulta particularmente acertada cuando observamos cómo la corrupción sistémica ha erosionado la confianza ciudadana en la democracia. Según el Latinobarómetro (2023), el apoyo a los sistemas democráticos en la región ha caído a niveles históricos, creando un terreno fértil para el surgimiento de alternativas autoritarias que prometen “mano dura” contra la corrupción.
La literatura especializada, como el trabajo de Rose-Ackerman y Palifka (2023) en “Corrupción y Gobierno”, sugiere que la lucha contra este flagelo requiere un enfoque multidimensional. No basta con reformas legales o el fortalecimiento de los órganos de control; se necesita una transformación profunda de la cultura política y administrativa. Los casos exitosos de reducción de la corrupción, como los documentados por Klitgaard (2018), demuestran que el cambio es posible cuando existe una combinación de voluntad política, participación ciudadana activa y cooperación internacional efectiva.
El desafío para América Latina no es meramente técnico o administrativo, sino fundamentalmente ético y cultural. Como argumenta Rothstein (2021) en “Controlling Corruption: The Social Contract Approach”, la verdadera transformación requiere un nuevo contrato social que establezca la integridad como valor fundamental de la gestión pública. Este cambio debe comenzar por las élites políticas y económicas, pero necesita el respaldo activo de una ciudadanía vigilante y comprometida con la transparencia.
La esperanza de superar este lastre histórico reside en la creciente conciencia ciudadana y en el surgimiento de nuevas herramientas tecnológicas para la transparencia y el control social. Como señala O’Donnell (2023) en su más reciente trabajo sobre accountability horizontal, las redes sociales y las plataformas digitales han creado nuevas formas de vigilancia ciudadana que pueden complementar los mecanismos tradicionales de control institucional. El futuro de la lucha anticorrupción en América Latina dependerá de nuestra capacidad para aprovechar estas herramientas y construir una cultura de integridad que trascienda los ciclos políticos y las fronteras nacionales.
El autor es politólogo-abogado y docente universitario.
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