Tras la mediatización de un caso de racismo y discriminación contra una mujer de condición humilde en la zona Sur de La Paz, analistas lamentaron que el Gobierno, en sus distintos niveles, usara el caso para desviar la atención de serios problemas como denuncias de corrupción en altas autoridades y para hacer proselitismo.
Un juez de La Paz dictó detención domiciliaria, fijó arraigo e impuso una fianza de Bs 35.000 contra Hugo Osvaldo E. G. por agredir verbalmente a la mujer mientras recogía tunas en la Meseta de Achumani. El presidente del Estado, Luis Arce, repudió el hecho como un acto “repudiable” de racismo y discriminación.
Para la columnista de Brújula Digital, Cecilia Gonzáles, este caso “fue el deleite para montar una distracción más y tratar de negar el aumento de precios en la mayor parte de alimentos y servicios”.
Gonzáles enfatizó que, aunque es evidente que los precios suben, “hay autoridades que insisten en que todo sigue normal”. En su criterio, el caso “fue el ideal para victimizar a la señora que ni siquiera buscaba eso y se aplicó una sanción desmedida” en contra de acusado.