La incursión de actividades ilegales al interior de las áreas protegidas de Bolivia pone en riesgo su existencia, sus propios valores de conservación y, si no se revierte, sus propios objetivos de creación, advirtió el jurista especialista en medio ambiente, Rodrigo Herrera.
Asimismo, sugirió que el Sernap tiene que ser forjado como una institución técnica profesional y que tiene que apoyarse en la ciencia y en las leyes para conservar las áreas protegidas bolivianas y no como una instancia que pertenecería a un determinado sector social o con una determinada ideología política.
Según la Comisión para la Defensa de las Áreas Protegidas de Bolivia (Copdeapbo), la movilización internacional generada por la preocupación sobre el estado del planeta y concretada en la Cumbre de Río de 1992, es considerada como el primer impulso para que se desarrolle la gestión ambiental en Bolivia, pero no se tienen avances significativos que resguarden la biodiversidad del país.
“Ahora tenemos extensas superficies en el territorio boliviano que fueron creadas legalmente con instrumentos jurídicos para resguardar lo más valioso de nuestro patrimonio natural, pero no están cumpliendo con el propósito de su creación”, afirmó el jurista.
Transcurrieron unos 30 años para establecerse el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) constituido por el conjunto de áreas protegidas nacionales, departamentales, municipales o privadas de importancia para la conservación de la biodiversidad boliviana, y más de 25 años desde la creación del Servicio Nacional de Área Protegidas (Sernap), como la autoridad técnica, responsable de su gestión y conservación.
Después de la primera década de avances sólidos “se ha perdido el rumbo y en la actualidad no se encuentra un cambio trascendental en el país, en lo que se refiere a la gestión pública en materia medioambiental, además que las grandes reformas que se registraron después de la aprobación de la Constitución Política del Estado (CPE) y que demandaban la actualización y fortalecimiento de normas fundamentales, como la Ley 1333, que no fueron consideradas”, dijo Herrera.