Organizaciones indígenas, instituciones de investigación y acopio de información, entre otras, solicitaron a los países miembros del Consejo de Derechos Humanos, considerar el exigir al Gobierno boliviano que establezca el empleo de tecnologías alternativas para la extracción de mercurio por la minería y ello, antes de 2026, así como monitorear continuamente la calidad del agua y la contaminación en las cuencas afectadas.
“Una escena impactante de un film sobre alienígenas mostraba cómo naves extraterrestres contaminaban con sustancias extrañas los lagos y acuíferos de un bosque en el que se habían refugiado algunos seres humanos para no ser capturados. Sin embargo, ello da qué pensar ¿o no está sucediendo algo similar cuando instancias ajenas proceden a contaminar los ríos con mercurio provocando daños y enfermedades al ecosistema y a los pueblos amazónicos en el norte de La Paz y otros sectores de Bolivia?”
Y precisamente toca a Bolivia rendir el Examen Periódico Universal (EPU 2025). El EPU es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos que estipula que cada Estado miembro de las Naciones Unidas se someta cada cuatro años y medio a un análisis de su ejecutoria en materia de derechos humanos.
Además de que el relator especial de la ONU para sustancias tóxicas y derechos humanos considera a Bolivia como el centro del comercio ilegal de mercurio, pues sale por contrabando a otros países de la región, también se cuenta con el convenio de Minamata, el cual tiene carácter vinculante y fue ratificado por nuestro país en 2016, mismo que tiene el objetivo de proteger la salud humana y el medioambiente de los efectos adversos del mercurio.
Dicho convenio literalmente establece, “Cada parte en cuyo territorio se realicen actividades de extracción y tratamiento de oro artesanales y en pequeña escala adoptará medidas para reducir y, cuando sea viable, eliminar el uso de mercurio y de compuestos de mercurio de esas actividades y las emisiones y liberaciones de mercurio en el medio ambiente provenientes de ellas”.
En ese sentido el Centro de Documentación e información Bolivia (Cedib), la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígena Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) y la Alianza por los Derechos Humanos y el Medio Ambiente (Adhma) elaboraron un informe alternativo intitulado “Contaminación por Mercurio y su Impacto en el Derecho al Medioambiente Sano y los Derechos de los Pueblos Indígenas”.
Las alternativas al uso del mercurio no deben dañar a la salud ni al medio ambiente.
Aparte de un exhaustivo análisis sobre el preocupante asunto, que fue en múltiples ocasiones abordado por la prensa ambiental, el referido informe emana un conjunto de conclusiones y recomendaciones respecto a la cuestión de la contaminación con mercurio, entre las que es posible destacar el que se obligue a las cooperativas mineras a utilizar tecnologías alternativas sin mercurio para la extracción de oro antes de 2026, además de un monitoreo constante de la calidad del agua de los ríos afectados.
De igual manera, paralelamente a capacitar a 2.000 mineros cooperativistas en técnicas de minería sin mercurio dentro de dos años, también recomienda la reducción de las emisiones de mercurio en la minería cooperativista en un 50% dentro de los próximos tres años.
Es muy importante recordar que Marcos Orellana, relator especial de la ONU para sustancias tóxicas y derechos humanos, señaló en diciembre de 2021 su preocupación por el aumento del uso y comercio del mercurio en Bolivia. En aquella ocasión advirtió que Bolivia se encuentra en el centro del tráfico ilegal de mercurio hacia la minería ilegal en otros países de la región que incluyen a Brasil, Perú Colombia y otros.
En ese lineamiento, una recomendación al respecto del informe señala textualmente: “Promulgar y hacer cumplir regulaciones estrictas sobre la importación y uso de mercurio en el país, asegurando que todas las actividades mineras cuenten con equipos de recuperación de mercurio para 2025”.
Otra recomendación insta a las autoridades a promulgar y hacer cumplir regulaciones estrictas sobre la importación y uso de mercurio en el país, asegurando que todas las actividades mineras cuenten con equipos de recuperación de mercurio para 2025. En ese sentido en internet se ofrecen equipos que reactivan el mercurio en solo diez minutos, reactivando su potencia en un 95% para volver a ser utilizado, evitando que este sea desechado y en consecuencia contaminar el ambiente.
Ya para diciembre de 2024 debió haberse desarrollado e implementado un plan de Acción Nacional sobre el uso y manejo del mercurio, así como programas de salud pública para la detección y tratamiento del envenenamiento por mercurio en las comunidades indígenas afectadas a partir de 2024, a tiempo de establecer un plan para garantizar que las comunidades indígenas tengan acceso a fuentes de agua y alimentos no contaminados por mercurio antes de 2025.
El informe también contempla en sus recomendaciones el que toda actividad minera en territorios indígenas sea precedida por una auténtica consulta previa a las comunidades, ello desde 2024.
Por último y a tiempo de sugerir la implementación de medidas para descontaminar los cursos de agua afectados, se sugiere establecer un organismo capaz de adoptar decisiones que se hagan efectivas respecto a las empresas mineras en sus diferentes modalidades, “Establecer un organismo estatal autónomo de reclamación para las comunidades indígenas afectadas por el uso de mercurio, que pueda tomar decisiones vinculantes tanto sobre las empresas fiscalizadas como cooperativas”.
ENVENENAMIENTO PAULATINO
Se evidencia que en las venas de la Amazonía, en los acuíferos rebosantes de vida, bosques y biodiversidad, está presente ahora una sustancia que envenena las aguas…sí…se trata del mercurio, del mercurio, el único metal líquido existente, pero que es empleado por la minería que extrae oro para lavar el mineral de impurezas, mismas que con esa sustancia tóxica luego es echada al río, “En el corazón de la Amazonía boliviana, los ríos que alguna vez fueron fuente de vida y sustento para las comunidades indígenas ahora llevan una carga mortal: el mercurio”.
Pero eso no es todo, sino que el mercurio al envenenar las aguas, también envenena a los pueblos indígenas del sector amazónico: hombres, mujeres, niños, ancianos…todos, lo que equivale, además de un ecocidio, lo que equivale a un etnocidio porque de esa manera se está enfermando, matando, debilitando paulatinamente a esas comunidades provocándoles daños irreversibles en su salud.
“Este informe revela cómo la minería de oro del sector cooperativista ha envenenado no solo el agua y la tierra, sino también los cuerpos y los espíritus de los pueblos originarios. Las historias de madres preocupadas por la salud de sus hijos y ancianos que ven desaparecer sus tradiciones ancestrales nos recuerdan que, tras cada cifra y estadística, hay vidas humanas en juego”.
Sin embargo, de acuerdo a versiones de organizaciones ambientales y los propios pueblos indígenas, las autoridades, tanto del nivel central de gobierno, así como de instancias departamentales y municipales, no solo evitan impedir semejantes atentados a la vida, no sancionando a los responsables, sino que además los fomentan, reduciéndoles significativamente el pago de impuestos y subvencionándoles el combustible (diésel) que emplean para el lavado y extracción de oro de los ríos.
Además de eso, instancias judiciales aceptan demandas de los empresarios mineros (cooperativistas mineros) contra los defensores del medio ambiente, como los guardaparques, por no permitir la explotación aurífera en áreas protegidas, tal como lo establece la ley, los echan de sus puestos laborales, les inician demandas por solicitar ayuda para combatir los incendios forestales, todo lo cual está directamente relacionado a los derechos humanos como a la vida y a un medio ambiente sano. (ANA/VLM, Erbol)