Tras una reunión multisectorial de toda la cadena productiva de Bolivia, los sectores económicos determinaron exigir la derogación de la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, debido a que provoca inseguridad jurídica y afecta a la propiedad privada, y da lugar a extorsión y corrupción, de no ceder el Gobierno, anuncian movilizaciones a partir del 10 de febrero.
La reunión determinó siete puntos, en los cuales se encuentran: exigir al Ejecutivo y Legislativo a derogar la disposición séptima de la Ley 1613; también plantean impulsar un nuevo desarrollo basado en la familia, la propiedad privada, la seguridad jurídica y el acceso a la tecnología.
Asimismo, sugieren impulsar a sectores en torno a una visión de desarrollo, crecimiento y bienestar para todas las familias bolivianas; anuncian trabajar en un programa económico que dé soluciones a todos los problemas que tienen los integrantes de la cadena productiva y cuentapropistas del país.
También informaron que Sucre será sede del tercer ampliado multisectorial el próximo 30 de enero de la presente gestión; se declararon en estado de emergencia y habrá movilización permanente; y, finalmente, llaman a una movilización de toda la cadena productiva para el próximo 10 de febrero.
A eso se debe añadir que impulsarán un proyecto de ley en el tema de la banca para los prestatarios que son afectados con los embargos, debido a la falta de circulante, cuya responsabilidad corresponde al gobierno.
Demandaron al Ejecutivo y Legislativo a pensar en el pueblo, en los 11,5 millones bolivianos, y una señal clara será la derogación de la disposición.
Camacho
Para el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, la disposición séptima es arbitraria, discrecional y termina siendo extorsiva, además puede afectar al aparato productivo que genera empleos e inversión.
“Ratificamos nuestro rechazo”, dijo y añadió que el presidente Luis Arce tiene una oportunidad histórica, en el marco del Bicentenario, de dar señales claras a los sectores productivos y a la población, derogando la disposición.
Los industriales, así como todos los sectores de la cadena productiva, transporte, agropecuarios y gremialistas, buscan certidumbre y que las autoridades dirijan la lucha contra los contrabandistas, que dañan a la economía y no contra los empresarios, pequeños medianos y grandes.
Por su parte, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), José Luis Farah, sostuvo que su sector rechazó y pidió la derogación de la disposición séptima, en conjunto con la cadena de abastecimiento.
Indicó que no permitirán la invasión a la propiedad privada, así como la confiscación de sus productos. “La propiedad privada deber respetarse, ya que genera trabajo para todos los bolivianos”, apuntó.
El representante del sector está convencido de que el diálogo tiene que apuntar a buscar soluciones. “Necesitamos soluciones no reuniones a todos los problemas que tiene el país, como la falta de dólares, carburantes, entre otros”, resaltó.
A su vez, el presidente de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), Oswaldo Barriga, rechazó la disposición porque el mismo atenta al sector privado y a la producción. “No vamos a participar en más reuniones”, aseguró.
Los sectores indicaron que representan el 85%, es decir, 85 de cada 100 trabajadores están en la cadena productiva.