Desde que fue establecida la Ley de Imprenta en 1925, fue objeto de ataques e intentos para modificarla, porque dictaduras o gobiernos democráticos en apariencia, no se mostraban tolerantes con la labor de información e investigación sobre asuntos de interés general. Generalmente prevalece, hasta ahora, el afán de los gobernantes por no brindar toda la información que la población requiere para saber si el manejo gubernamental de los intereses del país es correcto.
Por ello no es extraño que, por ejemplo, durante el gobierno de Hugo Banzer se hubiera propuesto la Ley Mordaza y después se tratará de llevar a periodistas a tribunales ordinarios. Después de revisiones, en la Constitución política del año 2009 se logró incluir artículos destinados a resguardar la tarea periodística, así como la libertad de expresión, y el derecho a la auto regulación.
Lo más importante de la centenaria norma es que protege el secreto de la fuente, lo que ha sido motivo de numerosos intentos desde el poder para no respetarlo. Y establece que delitos de imprenta no ameritan castigo corporal, sino sanciones económicas. También dicha ley determina que las acusaciones sobre delitos pasen a jurados ciudadanos, no a la justicia ordinaria. Sin embargo, en los últimos años, no son pocos los casos de amenazas de autoridades con juicios ordinarios a la prensa para que limite sus tareas. Como se advierte, tan importantes principios de la citada norma no deberían ser motivo de cuestionamientos, solo porque desde el poder se busca sumisión total.
Hoy, con motivo de la celebración de los cien años de la Ley de Imprenta, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) continúa con la defensa de la norma que evita que el periodismo libre sea censurado e impide que gente de prensa sea recluida en cárceles.
Al respecto cabe mencionar que el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todo individuo tiene “el derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Por ello la Ley de Imprenta es un escudo ante normas de gobiernos populistas que, en los últimos años, aduciendo no permitir la discriminación, tratan de imponer limitaciones, castigar y aprisionar a periodistas y propietarios de medios de comunicación. Las pruebas al respecto son abundantes, así como las agresiones violentas contra quienes hacen cobertura periodística en las calles, o revelan hechos delictivos mediante trabajos de investigación.
Pero en una verdadera democracia tiene que haber respeto a las diferencias de opinión y un gobierno que realmente vele por los intereses nacionales y cuente para ello con funcionarios capaces, brindando información con transparencia, no tendría motivos para amedrentar a la prensa.