La gestión 2024 finalizó con una inflación acumulada del 9,97%, marcando el aumento más alto en 16 años, así como un déficit fiscal que superó el 10% del Producto Interno Bruto (PIB).
Hace pocos días, varios sectores afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) se reunieron para analizar el pliego petitorio de esta gestión, en el cual es central la propuesta de incremento salarial.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), dispone que esta medida nacional debe ser establecida por un análisis completo tripartito entre gobierno, trabajadores y empresarios. En reiteradas oportunidades, los empresarios plantearon al Gobierno que el aumento salarial sea, por lo menos, regionalizado, y tomando en cuenta la productividad.
El año pasado, el Gobierno, en coordinación con la COB, dispuso un aumento al salario mínimo nacional de 5,85% y al haber básico de 3%, cuando la inflación de 2023 fue de 2,12%.
En 2024, se dispuso que las empresas estatales aplicaran el aumento salarial de acuerdo a sus estados financieros, por lo que muchas no dieron este aumento. El sector privado no tuvo este tratamiento.
En el tema del aumento salarial, no solo se debe tomar en cuenta la inflación que hubo en el país. Las autoridades y los trabajadores deben analizar aspectos como el crecimiento de la economía en la gestión pasada (1,4%), que representa solo la mitad de la prevista por el Gobierno; la escasez de dólares, que se traduce en que el mercado paralelo ofrece esta divisa en casi el doble del precio oficial y otros problemas que dificultan la producción y reducen la competitividad de las empresas. Se debe mencionar que, durante la pasada gestión, el crecimiento de nuestra economía se ralentizó, debido a los bloqueos en las carreteras y el difícil abastecimiento de gasolina y diésel durante meses.
Según el informe del Observatorio Nacional del Trabajo (ONT), al tercer trimestre de 2023, el 80,8% de los trabajadores bolivianos se encontraban en la informalidad, una cifra alarmante, comparada con el promedio regional de 48%. La situación es más grave entre las mujeres, con un 83% de ellas empleadas en la economía informal, frente al 78% de los hombres, las tasas más altas de la región, lo que representa una brecha de participación y desigualdad de género en el acceso al empleo.
Para Fernando Romero, analista y presidente del Colegio de Economistas de Tarija, uno de los problemas centrales que agrava la situación es la falta de colaboración entre el sector público y privado para implementar leyes que promuevan el empleo formal, a lo que se añade la elevada presión tributaria. Un empresario en Bolivia enfrenta una carga tributaria muy alta, pues de cada 100 dólares que genera de utilidad bruta, el 85% es destinado a impuestos establecidos por el Gobierno Nacional.
Otro factor que desanima a los empresarios en cuanto a crear empleos formales, lo constituyen las desfavorables leyes laborales, que generan una pirámide invertida, en la que solo un pequeño grupo de personas paga impuestos, mientras que la mayoría trabaja informalmente, sin contribuir al sistema fiscal.
Un documento del BID, elaborado por Manuel Urquidi, Horacio Valencia y Guillaume Durand, publicado en años anteriores, remarca que, en los últimos años, el gobierno boliviano puso en vigencia una de las medidas más controversiales y que ha afectado al mercado laboral urbano: el incremento del salario mínimo, que pasó de Bs 440 ($us 63) en 2005 a Bs 2.060 ($us 298) en 2018.
Este documento estudia el impacto del aumento del salario mínimo sobre el ingreso, empleo y formalidad en Bolivia y sostiene que el incremento del salario mínimo debería reducir la pobreza e incrementar la satisfacción de las necesidades de los trabajadores, porque mayores ingresos permiten un incremento en el gasto de las familias y consecuentemente en su bienestar. Pero, en un contexto donde una gran proporción de las personas trabaja en el sector informal, se puede argumentar que el salario mínimo contribuye a mejorar únicamente las condiciones de los trabajadores en el sector formal, sin considerar beneficios para los trabajadores del sector informal.
Otra de las desventajas del aumento del salario mínimo es el recorte de personal en el sector privado, considerando el aumento de los costos de producción, así como el incremento de impuestos y planes de jubilación para las empresas.
Los empresarios expresamos nuestra predisposición para analizar esta realidad, junto con el Gobierno y trabajadores, pensando en el bienestar de la economía nacional. Una mesa de trabajo tripartita podrá abordar de manera integral la postura de los tres actores económicos, instrumentando políticas salariales que garanticen un salario digno, fundamental para el desarrollo económico y social, así como para reducir la pobreza y desigualdad.
El autor es economista, Académico de Número de la ABCE y Presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP).