La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la justicia especial instaurada en el marco del acuerdo de paz de 2016, ordenó trasladar a 124 antiguos guerrilleros ahora desmovilizados para garantizar su seguridad en el marco de los enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la región del Catatumbo.
“La JEP ordena trasladar a 124 firmantes de paz de las extintas FARC-EP que están en riesgo en el Catatumbo y otras acciones para garantizar sus derechos y los de otros excombatientes” que “están en riesgo por las acciones del ELN”, señaló la JEP en un comunicado.
La JEP recuerda que, según cifras de la Defensoría del Pueblo, cerca de 80 personas fueron asesinadas y al menos 41.000 desplazadas, destaca el dato de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Además, abogados de guerrilleros desmovilizados denunciaron que solo entre el 15 y el 22 de enero fueron asesinados seis exguerrilleros: Pedro Rodríguez Mejía, Johan Carlos Carvajal Quintero, Albeiro Díaz Freno, Jon Freddy Carrascal García, Sergio Vivas y Pedro Nel Angarita.
Por todo ello, la JEP ordenó al Ministerio de Defensa que, “de manera inmediata garantice el proceso de extracción de 124 firmantes del Acuerdo de Paz que se encuentran en la zona del Catatumbo” y destaca la necesidad de “mantener los anillos de seguridad en el Aetcr (Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación) de Caño Indio y en la NAR (Nueva Área de Reincorporación) de Tibú”.
También se ordena a la Fiscalía colombiana “diseñar y ejecutar un plan para localizar, al menos, a 12 firmantes del Acuerdo Final de Paz desaparecidos a raíz de la crisis humanitaria en Catatumbo”.
La JEP también ordenó a la Fiscalía que presente un informe detallado sobre todas las acciones de investigación relacionadas con la criminalidad en la región y le solicita que diseñe un plan para recoger las declaraciones y denuncias de los firmantes del Acuerdo de Paz y sus núcleos familiares que hayan sido víctimas de hechos como homicidio y desaparición forzada.
Al Ministerio del Interior y organismos regionales y locales les piden un plan de atención humanitaria para las personas en proceso de reincorporación y una estrategia para prevenir la violencia de género en los refugios.
“Proteger los derechos fundamentales de los comparecientes ante la JEP, no solo redunda en el compromiso del Estado con quienes firmaron el Acuerdo Final de Paz para participar activamente en la política, sino también con las víctimas que sufrieron los vejámenes del conflicto armado”, enfatizó la JEP.
Este jueves, la guerrilla colombiana ELN reafirmó que mantendrá el conflicto en la región del Catatumbo, una “guerra de liberación”, según sus propios términos, que habría permitido la captura de “decenas” de integrantes del Frente 33 de las disidencias de las FARC, en concreto del denominado Frente 33. El Gobierno de Colombia suspendió las negociaciones de paz con el ELN, enfrentado ahora a las disidencias. (Europa Press)
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