Es innegable que la debacle del partido que gobernó Bolivia por más de 19 años, ha puesto en cuestión los tres pilares que sostuvieron su poder: el sistema económico estatista, el modelo populista y el Estado Plurinacional, las bases conceptuales sobre las que construyó todo su andamiaje simbólico y discursivo, y con las que adecuó la historia, las relaciones económicas y la diversidad cultural, a su propia narrativa ideológica.
De los tres componentes, el más complejo es sin duda el Estado Plurinacional, una forma de organización política basada en una especie de federalismo étnico y racial que reconoce derechos especiales a la libre determinación, autonomía y autogobierno a las personas que se autoidentifiquen como miembros de uno de los pueblos indígenas que existen dentro de la nación boliviana. El concepto fue la fórmula perfecta que encontraron los teóricos del socialismo del Siglo XXI para destruir el Estado-nación boliviano y crear una nueva entidad que les permitiera controlar a las impertinentes instituciones de la democracia liberal.
A raíz de la fuerte controversia que generó la propuesta, especialmente por el riesgo de que el país se dividiera, los orquestadores de la AC incorporaron todos los términos en debate, generando una farragosa definición de la naturaleza de nuestro país, que finalmente quedó como un “Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado, con autonomías”, una suerte de bazar ideológico que no pudo ser explicado ni sustentado por sus autores y menos adoptado por los ciudadanos.
Curiosamente, la propia Carta Magna aprobada en 2009, reconoció en cinco de sus artículos, que la primigenia República seguía existiendo, y mezcló en una sola categoría, a grupos sociales disímiles, como las naciones indígenas, pueblos originarios, poblaciones campesinas, comunidades afrodescendientes e interculturales, confirmando que el modelo plurinacional fue producto de un desordenado plan para imponer un proyecto hegemónico que destruyó la poca identidad nacional existente, mostró escasa comprensión de la realidad del país, develó un gran desprecio por el pueblo boliviano, pero, sobre todo, distorsionó y se apropió de las legítimas reivindicaciones de los pueblos indígenas.
Sin embargo, 19 años de propaganda y una fuerte dosis de manipulación, marketing político, referencias seudo históricas, neolenguaje y simbolismo, terminaron por posicionar en una gran parte del imaginario nacional, la idea de que vivimos bajo un Estado plurinacional inclusivo, sin discriminación e igualitario.
En el fondo, el modelo sirvió de fachada para imponer un gobierno autocrático donde el partido se apoderó del Estado, mientras que los pueblos indígenas –usados como discurso– no mejoraron sus condiciones de vida y fueron sometidos a la vulneración constante de sus derechos políticos y territoriales, la desprotección institucional, el acceso limitado a la justicia, la desatención de sus necesidades básicas, etc.
Lo peor de este modelo es que, tras imponerlo constitucionalmente, el partido gobernante se arrogó el monopolio de la representación de los indígenas, usando su nombre y derechos para instituir un sistema de confrontación, desconfianza y división entre bolivianos que sirvió para lograr el control de regiones, partidos y proyectos que cuestionaban sus decisiones.
La imposición de un sistema de organización política basado en la etnicidad no solo fue en un fracaso, sino que nos colocó frente a una barrera que dificulta alcanzar un estado de igualdad e identidad común donde cada persona tenga el mismo valor por ser bolivianos y no por el color de su piel, lugar de nacimiento o idioma.
Por eso mismo, una de las tareas ineludibles para el futuro inmediato, es la apertura de caminos de integración e inclusión genuinos, que privilegien la unidad, impulsando un desarrollo integral y libre, basado en la igualdad plena de derechos y deberes y la solidaridad, donde el horizonte sea la grandeza de la nación boliviana y el bienestar de todos.
El autor es Industrial y ex Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia.