Es lamentable que los incendios forestales, que en los últimos años destruyeron millones de hectáreas de bosques en varios departamentos del país, particularmente en parques nacionales, no hayan sido motivo de medidas gubernamentales verdaderamente eficaces para evitar que se repitan.
A pesar de que se sabe que las reservas naturales son objeto de avasallamientos de tierras, ingreso de minería irregular, narcotráfico, caza de animales y otros, poco han hecho las autoridades al respecto. Según la opinión pública, tal pasividad se debe a que, por ejemplo, ministerios relacionados con el medio ambiente y la minería están a cargo de sectores sociales “masistas”, como los interculturales y los cooperativistas mineros, respectivamente.
En el caso de los incendios forestales del año pasado, las autoridades de medio ambiente no han dado a conocer las cifras correspondientes de hectáreas afectadas, para evaluar la dimensión de los daños. Según la Fundación Tierra, hasta el 30 de septiembre de 2024, diez millones de hectáreas habían sido quemadas en el país. Pero subió la cantidad a algo más de 15 millones de hectáreas, porque la gigantesca quema siguió hasta diciembre, terminando solo con la llegada de las lluvias. Por su parte GWIS, Sistema Mundial de Información sobre Incendios Forestales, que hace seguimiento de incendios mediante satélites, dio cuenta de que más de 15 millones de hectáreas fueron quemadas en nuestro país.
Lo cierto es que Santa Cruz perdió 9 millones de ha; Beni, 4 millones de ha; en el norte de La Paz 500 mil ha; Pando 180.000 ha, en números redondos. Las zonas más afectadas son territorios indígenas, reservorios forestales y áreas protegidas. Son enormes los daños ocasionados por gente inescrupulosa que ingresa de manera furtiva o abierta, ante la débil oposición de vigilantes y poblaciones nativas, debido al poder económico de grupos de nacionales y extranjeros que ingresan a los parques nacionales para extraer recursos naturales o apropiarse de tierras.
Es más, avasalladores amenazan con violencia a guardaparques o indígenas que se oponen a su presencia depredadora. Además, algunos defensores del medio ambiente han sido despedidos y no se sabe si, después de la protesta pública, todos fueron restituidos en sus cargos. A pesar de que fue destituido el ministro de Medio Ambiente, Lisperguer, por denuncias de corrupción, no se avizora un radical cambio de conducta para proteger las reservas naturales.
Es que continúan los desmontes en áreas fiscales, así como la depredación de bosques y la caza de animales, además de la habilitación de tierras para la expansión agrícola y ganadera, prevaleciendo las influencias políticas de los afines al MAS.
Hoy se espera de los candidatos a la presidencia planes medio ambientales para encarar problemas como los mencionados.
Magnitud de incendios forestales es alarmante
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