La Constitución Política del Estado define en el Artículo 208. I que “El Tribunal Supremo Electoral es el responsable de organizar, administrar y ejecutar los procesos electorales y proclamar sus resultados. II. El Tribunal garantizará que el sufragio se ejercite efectivamente, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de esta Constitución. III. Es función del Tribunal Supremo Electoral organizar y administrar el Registro Civil y el Padrón Electoral”.
El 11 de noviembre de 2024, el Ejecutivo y Legislativo, tuvieron compromiso de coordinación, con sus firmas, para respaldar al Tribunal Supremo Electoral (TSE). Posaron para las fotos, validaron la orden del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y con el TSE cómplice no cumplieron con GARANTIZAR las elecciones judiciales de manera completa, ya que solo fueron parciales, como ordenaron los autoprorrogados del TCP, pasando por alto el Principio de Preclusión. Los vocales del TSE y los autoprorrogados ilegales del TCP se reunieron en La Paz y emitieron un comunicado conjunto, como muestra del compromiso que asumen ambas instituciones para garantizar la estabilidad del sistema electoral y constitucional de Bolivia.
Lamentablemente, los vocales del TSE nuevamente se someten a otros órganos, para según ellos “garantizar” las elecciones generales, que se desarrollarán el 17 de agosto, cuando inicialmente dijeron el 10 de agosto, lo que causa serias dudas y falta de seriedad del TSE, hacia los representantes de los partidos políticos y la ciudadanía que irá a las elecciones.
El TSE NO debe someterse al poder político, por el contrario, tiene la obligación de cumplir el Art. 208.I, y trabajar, porque pagamos su salario con nuestros impuestos. Más bien debe “coordinar” con la Cancillería para iniciar el empadronamiento a nivel nacional e internacional en los países donde tenemos representación consular o de embajadas, para cumplir con la norma suprema de garantizar el Derecho al Sufragio.
Con los datos del Censo realizado en 2024 y ahora con la Ley de Escaños vigentes, deben rediseñar el mapa electoral para las circunscripciones uninominales. De los Bs.319 millones, Bs.50 millones se destinarán a la organización de la elección general en el exterior del país. La diferencia es que deben desembolsar en monedas del exterior, dólares o euros, donde los bolivianos votan para elegir al presidente y vicepresidente de Bolivia.
Exigimos que el Legislativo TRABAJE en proyectos como la ley de debates entre candidatos, la Ley 044 y normativas sobre paridad de género en las candidaturas y la Ley del sistema TREP, para garantizar que no exista FRAUDE como los años anteriores. Y es que hay pruebas contundentes de que el oficialismo ganará siempre las elecciones, porque la Misión Cubana, con el “Plan Agenda Patriótica 2025”, creó un falso Padrón Electoral, ya que se quintuplicaron certificados de nacimiento, con pequeños cambios de datos. Y Evo Morales ordenó a Identificación Personal de la Policía Boliviana, que extienda Carnet de Identidad para 1.350.000 certificados de nacimiento falsos, lo que generó miles de reclamos, por duplicidad de registro de nacimientos y Carnet de Identidad. Y para simular el Fraude se promulgó el Decreto Supremo Nº 132 de 20 de mayo de 2009, a fin de facilitar la cancelación, vía administrativa, de certificados de nacimiento con más de un registro. Pero ya se había logrado INFLAR el Padrón Electoral hasta 5.139.554 frente al Padrón Electoral de 2005 de 3.671.152 votantes, inflándose en 1.468.402 votos nuevos, de los cuales 1.350.000 son falsos.
Licencia de Conducir y Escuela de Conductores, creo el Servicio de Identificación Personal (SEGIP) para que administre el MAS; el Servicio de Registro Civil (SERECI) inscribió 3.000.000 de certificados de nacimiento falsos, con edad de votación, pasó al SEGIP y asignaron Carnet de Identidad para inscribirlos en el Padrón Electoral de los nueve departamentos. Para ejecutar este “Plan Agenda Patriótica-2025”, se entregó a la Misión Cubana datos para hacer la informatización y sistematización del SERECI, SEGIP, INE y el Padrón Electoral Nacional.
La autora es Abogada y Economista, ex Constituyente de Bolivia.