Ante la necesidad de formar cultura democrática en quienes pedirán el voto popular en las elecciones generales 2025 y futuros procesos electorales, el abogado y politólogo Paul Coca, presentó un proyecto de ley que plantea la obligatoriedad del debate para candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia del Estado, con serias sanciones para quienes incumplan el requisito de exponer sus ideas y programas de gobierno ante la población.
El proyecto denominado “Ley de Debate Obligatorio para Candidaturas del Binomio Presidencial”, busca implementar los debates para los candidatos a Presidente y Vicepresidente, en Primera y Segunda Vuelta de los procesos electorales.
“Se trata de un aporte para el país, para que se tenga una mejor visión ciudadana (…). Desde lo ciudadano, planteamos está propuesta al país, ya que los candidatos deben debatir, y ser sancionados si huyen del debate”, expresó el jurista a través de sus redes sociales.
Se establece que a la primera inasistencia a debatir, el castigo consiste en la suspensión inmediata y definitiva de toda publicidad estatal; a la segunda inasistencia, multa de veinte salarios mínimos y remisión de antecedentes a la Contraloría; a la tercera inasistencia, la inmediata y definitiva inhabilitación del proceso electoral.
“Es un deber ciudadano exigir que quienes aspiran a gobernar presenten sus ideas y propuestas ante el pueblo. El debate es un elemento esencial para consolidar una democracia fuerte y transparente. El pueblo merece mejores días”, afirmó.
La presentación de la propuesta coincide con un contexto de crecientes cuestionamientos al desempeño de los legisladores actuales y con la reciente iniciativa del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que en noviembre de 2024 remitió a la Asamblea Legislativa.
Proyecto de ley para elecciones presidenciales 2025
Plantean obligatoriedad del debate para candidatos
> La normativa para aspirantes a la presidencia y vicepresidencia del Estado, contempla serias sanciones por incumplimiento del requisito de exponer sus ideas y programas de gobierno ante la población, según el abogado Paul Coca.
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