Sumándose a los criterios que cuestionan y rechazan el monopolio de la estatal Boliviana de Aviación (BoA) en el mercado del transporte aéreo a nivel nacional, la senadora por Santa Cruz, Centa Rek, alertó sobre la urgente necesidad de realizar una auditoría técnica independiente sobre la administración y las operaciones de esta empresa, antes que se deban lamentar problemas mayúsculos.
Lamentando que la línea aérea boliviana opere sin controles responsables, a pesar de los graves problemas ya denunciados, recientemente Rek remitió una carta a la Organización de Aviación Civil Internacional, denunciando el monopolio de Boliviana de Aviación, la vulneración a la seguridad aérea y derechos humanos de los ciudadanos en Bolivia, y la urgente necesidad de atención mediante una auditoría técnica independiente de este organismo internacional antes de que se produzca un incidente de mayor magnitud en el país.
“Exigimos que la OACI realice una auditoría independiente, sin la intervención del gobierno boliviano, para exponer las fallas estructurales en la administración de la aerolínea y su impacto en la seguridad de los pasajeros… Denunciar el grave deterioro de la aviación comercial en Bolivia, con especial énfasis en la situación de BoA, que ha sido convertida en un monopolio de facto con el aval y protección del gobierno boliviano. No solo se ha vulnerado la Constitución Política del Estado al impedir la libre competencia en el sector, sino que también se han cometido violaciones a la seguridad aérea, poniendo en riesgo la vida de miles de pasajeros”, señala parte de la nota remitida a la OACI.
La misiva está dirigida a Salvatore Sciacchitano, presidente del Consejo de la OACI, organismo de las Naciones Unidas, donde demanda que se realice una auditoría de seguridad operacional bajo el Programa Universal de Auditoría de la Vigilancia de la Seguridad Operacional, con especial énfasis en la supervisión de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y su capacidad para fiscalizar las operaciones de BoA.
La nota pide además a la OACI, como organismo rector de la aviación civil en 193 países, “inste a Bolivia a cumplir con las normas y prácticas internacionales en materia de seguridad operacional y supervisión de la aviación civil en resguardo de la seguridad de pasajeros nacionales e internacionales en Bolivia.
Al respecto, la senadora Rek recordó que el ejercicio aeronáutico es una de los áreas más regulados en el mundo, porque involucra no sólo el tema de seguridad operacional, también a los constructores de las aeronaves y otros organismos que, de manera permanente están supervisando a este sector sin importar el país; por lo que Bolivia podría perder sus certificaciones aéreas por el pésimo servicio e incompetencia no sólo de BoA, además de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) y otras instituciones que llamativamente dependen del mismo Ministerio de Obras Públicas, y que nada hacen para parar el descalabro de la línea aérea.
“El monopolio forzado de BoA, la pésima calidad de sus servicios, la corrupción en la regulación aérea, que la controla el mismo Ministerio de Obras Públicas, han convertido a la aviación comercial en Bolivia en un desastre y, lamentablemente podrían sucederse accidentes fatales de no atender con prontitud esta y otras denuncias. Cada vuelo en BoA es un riesgo, cada boleto comprado es una lotería y cada pasajero es víctima de un sistema manipulado en favor de la incompetencia y el abuso de poder”, resaltó la legisladora.
Respecto a Aerosur y Amaszonas, Rek recordó que estas dos líneas aéreas tuvieron que dejar el país presionados por maniobras del gobierno, colmando a ambos con trámites burocráticos e impositivos que hacían imposible su desarrollo en sana competencia, ya que el objetivo del gobierno del MAS siempre fue crear un monopolio aéreo, administrado pesimamente por el Estado, como es el caso evidente de BoA.
“Desde la quiebra de Aerosur y la asfixia económica y regulatoria impuesta sobre Amaszonas, la estrategia del Estado ha sido clara: impedir que exista competencia para BoA, incluso si esto significa ofrecer un servicio deficiente, inseguro y con costos elevados para los ciudadanos. Actualmente, BoA controla más del 82% del mercado aéreo nacional, una cifra que refleja la falta de competencia real en el país”, indica en otra de sus partes la carta a la OACI.
