En el marco de las resoluciones del tercer encuentro multisectorial realizado en Sucre, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) presentó ayer el Proyecto de Ley de Derogación de la Disposición adicional Séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.
Al momento de presentar, el presidente de la CNI, Pablo Camacho, aseguró que no se debe confundir el pedido con intereses o posiciones políticas.
Esto con referencia a lo que dijo el fin de semana el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, quien indicó que los empresarios parece que defienden a contrabandistas.
“No puede ser interpretada como una posición política, ya que se ha expuesto con argumentos sólidos que es atentatoria a los derechos constitucionales, va contra los sectores productivos y de abastecimiento”, reflexionó.
Indicó que al derogar el artículo hará un gran favor al país y a los más de 11 millones de bolivianos, y esto ayudará al clima de inversiones para atraer capitales extranjeros al país.
CONTRABANDO
Asimismo, fue claro en señalar que la CNI siempre tomó posición en defensa de la economía formal y lucha contra el contrabando y el crimen organizado.
En ese contexto, planteó desde hace mucho tiempo una reducción de las Unidades de Fomento a la Vivienda de 200.000 a 10.000; la municipalización de lucha contra el contrabando, y que el 50% de los comisos vayan a los municipios; generar incentivos para la producción nacional a través de las compras estatales; y la dotación de equipos y armas para los efectivos que realizan esta tarea, y no perder vidas como se registró el año pasado, con una baja de o miembros de las fuerza de lucha contra el contrabando.
“No hay Estado sin empresarios ni empresarios sin Estado”, resaltó Camacho al finalizar los argumentos que llevan al sector productivo a presentar el proyecto de ley de derogación de la disposición séptima.
Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Exportadores (Caneb), Danilo Velasco, expresó preocupación por el artículo y reiteró la unidad del sector productivo para solicitar la derogación.
Señaló que están abiertos al diálogo, pero no se tiene nada que dialogar con esta medida, que sólo espanta a las empresas.
Además, el agio y la especulación ya están penalizados, y la disposición sólo atenta a la inversión privada y a leja las inversiones.
La Disposición Séptima es arbitraria, discrecional y extorsiva, fue calificado por Camacho.
La CNI conjuntamente las cámaras sectoriales de producción, transporte, comercio pequeñas, medianas y grandes presentan en forma simultánea a nivel nacional el proyecto de ley señalado.
En este marco, es fundamental señalar que la construcción del diálogo entre dos posiciones (público y privado) distintas sobre la citada norma permite enriquecer la generación de política pública en el país.
El sector industrial considera que, al existir disenso sobre la disposición adicional séptima entre el sector público y el privado, se debe generar un proceso de construcción colectiva coordinada, alejada de posiciones políticas.
El sector industrial es consciente de su posición de diálogo, en la defensa de las actividades privadas y de la Constitución Política del Estado.
En ese marco, la CNI solicita al Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, así como al Presidente de la Asamblea Plurinacional de Bolivia, David Choquehuanca Céspedes, interponer sus buenos oficios para acelerar la aprobación del Proyecto de Ley en beneficio de más de 11,5 millones de bolivianos y más de 600.000 empleos del sector industrial.