El ampliado multisectorial, realizado en la ciudad de Tarija, confirmó el paro movilizado para el próximo 10 de febrero. Y reiteraron su pedido de derogación de la Disposición Séptima del Presupuesto General del Estado 2025.
En vista de que las autoridades como la Asamblea Legislativa Nacional y el Poder Ejecutivo no dan señales para derogar la Disposición Adicional Séptima de la Ley 1613 (Presupuesto 2025) pone en riesgo los empleos, la seguridad alimentaria y puede generar mayor crisis en el país, señala el cuarto ampliado Multisectorial.
Además, la situación económica generada, principalmente por la falta de dólares, escasez de carburantes, gasto publico desproporcionado y mal manejo de la economía nacional, está generando una crisis insostenible que están soportando las familias bolivianas. Esto, no fue generado por los integrantes de la cadena de abastecimiento nacional y sin embrago buscan destruirnos, señalan los miembros de la cadena productiva.
El cuarto ampliado Multisectorial determinó seis conclusiones para que se tome en cuenta, dentro las que están: la institucionalidad de Tarija a la cabeza del Comité Cívico de este departamento decide sumarse a las actividades del Ampliado Multisectorial para llevar adelante todas las medidas que sean necesarias para la Derogación de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 1613.
Asimismo, deciden que el Ampliado Multisectorial realizado en Tarija bajo la conducción del Comité Cívico de este departamento, ratifica y convoca al paro movilizado a realizarse el día lunes 10 de febrero de 2025 a nivel nacional en caso de no derogar la Disposición Adicional Séptima.
“Exigimos, al Presidente Nato de la Asamblea Legislativa Nacional a que trabaje y convoque a sesión de forma inmediata para proceder a la respectiva derogación en base a la propuesta de ley que se le hizo llegar; también piden al Mandatario que mediante su bancada realice las acciones necesarias para que lo antes posible se realice la respectiva derogación.
Exigimos, al poder ejecutivo, dar solución a la falta de dólares, carburantes y a la crisis económica cumpliendo sus obligaciones como mandatarios para evitar que nuestros jóvenes se vayan al exterior por falta de oportunidades y las familias bolivianas sigan soportando la situación actual.
“La emergencia y coordinación es permanente, continuamos en reuniones nacionales y departamentales en torno a evitar que la aplicación de la Disposición Adicional Séptima termine afectando a las familias bolivianas”, sostienen.
De acuerdo a entendidos en la materia constitucional, la disposición séptima sería inconstitucional, debido a que el Presupuesto General del Estado tiene el objetivo con las finanzas públicas y no regulatorio.