En 2021, un bus de la empresa Narváez fue confiscado en Santa Cruz de la Sierra, tras verse involucrado en una denuncia de trata y tráfico de personas al transportar a ciudadanos haitianos indocumentados. En abril de 2022, la fiscal del caso, Ana Luis Heredia, ordenó su devolución, pero no ocurrió. En junio de 2024, otro fiscal, Julio César Canaza, nuevamente ordenó su devolución, pero cuando la propietaria quiso retirarlo del garaje, el vehículo estaba desmantelado y el administrador le pidió un pago de Bs 98.000.
Antolín Mamani, apoderado de la dueña del bus, Daysi Guisela Choque, en contacto con Correo del Sur, denunció que este proceso se vio perjudicado por la actuación de los uniformados identificados como Martín Gavincha y Armijo, quienes sin que existiera un contrato con la Policía, trasladaron el vehículo a un garaje particular, donde lo desmantelaron, según afirmó.
Mamani detalló que sacaron la llave, desapareció la computadora, algunos asientos y otros accesorios, al indicar que todo esto tiene un costo superior a los 7.000 dólares y que, para que el bus funcione, necesariamente deben ser repuestos.
Dijo también que se denunció al fiscal, Mijail Alonzo, que tomó la representación del caso, porque en noviembre del año pasado solicitó al Tribunal 11° de Sentencia Penal Anticorrupción y de Violencia Contra la Mujer cruceño que declare infundado el incidente de devolución del vehículo y que el mismo sea remitido a dependencias de la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), como si se tratara de un delito enmarcado en la Ley 1008 de lucha contra el narcotráfico.
Mamani denunció que durante este proceso su representada fue víctima del abuso de la Policía y de la Fiscalía y que, pese a recurrir a diferentes instituciones con su queja, entre ellas a la Fiscalía General del Estado, no encuentran solución.
En tanto, el apoderado de la víctima hizo notar que un informe de la Fiscalía cruceña da cuenta que nunca se ordenó la confiscación del bus. (Correo del Sur)