Los jubilados están retirados del trabajo, pero no de la vida, aunque en Bolivia, después de jubilarse, y como en casi todo lo negativo somos los primeros, la esperanza de seguir en este mundo no es muy alentadora —de hecho, tenemos la más baja de la región—. Así que los rentistas, que acá tienen el mal hábito de comer todos los días, en su gran mayoría están retribuidos no con el goce de su pensión vitalicia, sino con el degradante momento de recibir algunos billetes devaluados por algunos años más.
Bolivia es signataria de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, cuyo preámbulo reza que el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, es la creación de condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, así como la eliminación de todas las formas de discriminación por razones de su edad, reconociendo que la persona, a medida que envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena y participando activamente en la esfera económica.
En el país en que legislar es una manía, constitucionalmente los de la tercera edad tienen protección extraordinaria, pero la incapacidad de hacer cumplir la ley es una tara que trasciende ideologías. De cualquier manera, no podían faltar normas de especial preferencia hacia los adultos mayores. Así que, con bombos y platillos, el 1 de octubre de 2024 se promulgó la Ley 1.582, que modifica los límites solidarios mínimos y máximos de la escala de la pensión solidaria de vejez del Sistema Integral de Pensiones. Rimbombante epígrafe para un efecto tan exiguo, como el que en los hechos comprobamos, porque la inmoderada publicidad que todavía se le da a este asunto nos dice que los reajustes serán desde Bs 100 hasta Bs 1.000 incluso, según el caso; empero, la verdad es que mucho más del 50 por ciento de los rentistas no acceden a un aumento, provocando en ellos una desilusión que no entiende de cálculos matemático-actuariales, diseñados al parecer para que la gran mayoría quede con sentimientos de profunda decepción.
Y es que es difícil justificar los límites solidarios referenciales máximos y mínimos que determinan un eventual reajuste en las míseras pensiones vitalicias, quedando implícita en esos retorcidos cálculos la intención de dejar desprotegidos a los más vulnerables, a los que menos ganan, cuando lo que debió hacer el gobierno es disponer el incremento general a todos, independientemente de las fórmulas del sistema y de manera inversamente proporcional. ¿Acaso regímenes izquierdistas de esta clase no están orientados a una distribución equitativa de la riqueza?
En esta empobrecida Bolivia hay pensiones de vejez que no llegan a los Bs 700, y para quienes tienen que sobrevivir con esos montos la inflación galopante que azota al país también ha llegado. Para ellos comer carne es imposible; deben convivir con sus gruñidos estomacales. Para nuestros políticos, ellos no merecen incremento; ni siquiera el paupérrimo aumento con que beneficiaron a una minoría sería suficiente. Quienes en su familia no tienen algún jubilado, sepan que hubo incrementos de hasta unas pocas monedas, lo que implica un trato humillante a quien confió en un sistema de pensiones, depositando su propio dinero.
Por tanto, es indudable que nuestro sistema de pensiones es socialmente excluyente y la última ley lo confirma: no está diseñado para los más pobres, pues es el resultado de concepciones sociales enraizadas que injustamente consideran que los que menos ganan, son los que menos merecen un reajuste. Y de nada sirven los discursos socialistas o neoliberales, pues en la hora de la verdad todos discriminan, primero a los rentistas y, de entre ellos, a los que perciben migajas a título de renta jubilatoria.
Se podrá aducir, por quienes administran los aportes, que este y algún otro “aumento” que pudiera haberse producido en el pasado obedecen a fórmulas actuariales universales, obtenidas de operaciones del sistema de capitalización individual, pero en un país donde los gobernantes son incapaces de controlar una inflación de todos los bienes de consumo y no solo de algunos de la canasta familiar, como dicen las autoridades, el viejo que depende de su renta ¿debe reducirse a la indigencia?
Augusto Vera Riveros es jurista y escritor.