Agua contaminada, talas indiscriminadas…

Hablar de contaminación ambiental y tala de bosques es incómodo para diversos grupos de la sociedad civil o partidos políticos, tanto de izquierdas como de derechas, ya que éstos no contemplan desarrollo posible sin, por ejemplo, ocasionar montañas de basura o prohibir a determinados grupos la expansión de la frontera agrícola o ganadera. Uno de los problemas más críticos en este sentido es la minería aurífera ilegal, que en los últimos años causó estragos en comunidades indígenas, aquellas que el gobierno socialista actual dice proteger. En el río Madre de Dios, por ejemplo, indígenas tacanas denunciaron hace unos meses la existencia de cientos de dragas que extraían oro, muchas de las cuales resultaron ser chinas o peruanas. Con esa actividad, comunarios, flora y fauna resultaron seriamente dañados, ya que el mercurio utilizado en la explotación minera (sustancia que facilita la separación de la roca o la arena) corre por el agua intoxicando a todo ser vivo que está a su paso.
Pero además del agua contaminada están los sedimentos y la chatarra de maquinaria en desuso de las dragas y la deforestación en las orillas de los ríos, perjudicándose la producción de alimentos que antes los pueblos indígenas hacían en las riberas. Entonces, ¿no se está vulnerando flagrantemente la Constitución Política del Estado en todos los artículos en que el medioambiente dice estar protegido, como el 9, el 30 o el 33? ¿No están siendo violados varios derechos de los pueblos indígenas, también ampliamente consignados en la Constitución? ¿No eran la Pachamama y los pueblos indígenas (no solo los occidentales, sino todos) la prioridad de los gobiernos del MAS? Esta es una prueba más de que la abundancia de leyes no resuelve automáticamente, como por arte de magia, los problemas tangibles; de que ciertos problemas no pueden ser eliminados por ley. De que la demagogia legal termina en la práctica siendo letra muerta.
Hay que reconocer que en todo este tiempo algunos legisladores y medios de prensa independientes han realizado una notable labor de fiscalización y denuncia de aquellos abusos, pero aquel esfuerzo ha resultado insuficiente hasta el momento, pues las cooperativas mineras, en alianza con empresas de capitales extranjeros, siguen explotando el mineral de manera impune.
En este sentido, hay que estar alertas frente a lo que las candidaturas para las elecciones generales puedan proponer. Debido a la crisis económica que ahora azota al país —y que es el resultado del modelo populista del actual régimen—, todos los candidatos hablan de medidas económicas que implementarían para permitir el ingreso de dólares o reducir la inflación, pero pocos o ninguno de temas como la educación, la salud pública o el cuidado del medioambiente, tema este último urgente no solo en Bolivia, sino en gran parte del mundo. El electorado debe ser consciente de que la contaminación ambiental es uno de los más graves problemas nacionales y del mundo, y por tanto debe ser enfrentado con valentía y verdadera voluntad política.
De no asumir la población el problema en su justa magnitud, se estaría condenando ella misma a, por ejemplo, beber agua intoxicada, consumir alimentos dañados por los químicos que son usados en la explotación minera o sencillamente a tener parajes devastados, en vez de selvas verdes con aves canoras en sus ramas.