El Gobierno y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) acordaron suspender temporalmente la aplicación de la disposición adicional séptima de la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) 202, así como que la derogación de la norma no es atribución del Ejecutivo, sino un asunto que debe ser tratado en la Asamblea Legislativa.
El ministro de Desarrollo Rural, Yamil Flores, explicó que el acuerdo consta de tres puntos clave, incluyendo la implementación de un cronograma de diálogo para buscar alternativas viables.
Mientras tanto, el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Álvaro Mollinedo, aseguró que la disposición no afectará a los sectores formales ni gremiales, aunque los empresarios mantienen sus reservas así