La expresidenta del Estado, Jeanine Añez Chávez, denunció que la reanudación de los juicios ordinarios contra su persona y otros líderes de oposición, como los casos “Golpe I” y “masacre de Senkata”, muestran el recrudecimiento de la violencia política desde el oficialismo, a través de procesos inventados y audiencias virtuales que no permiten la defensa.
Según Añez, “el régimen del MAS (Movimiento al Socialismo) en Bolivia ha ordenado recrudecer la violencia política a través de la guillotina de la justicia sometida” con la premisa de “emitir sentencias condenatorias para inhabilitar en la función pública” a la oposición.
La exmandataria informó que el lunes se reanudó su juicio por la supuesta masacre de Senkata –lo que ella denomina “Patraña 3” – a través de audiencias virtuales, situación que criticó por no permitirle asistir a su propio juicio ni, por lo tanto, ejercer su derecho a defenderse debidamente.
“Lo continúan por audiencias virtuales, sin posibilidad de asistir al propio juicio, un proceso sumario sin derecho a defensa”, publicó Añez en su cuenta de X.
Respecto a este caso, arguyó que ella, junto con ministros y generales de las Fuerzas Armadas, “defendieron la seguridad interna del país y protegieron a la población frente al ataque ordenado por (el expresidente) Evo Morales a la planta de combustible de Senkata”.
Ante este panorama, Jeanine Añez consideró que la unidad de la oposición, el cual está precisamente conformado por Camacho, Doria Medina, Quiroga y el expresidente Carlos Mesa entre otros, es la única salida para recuperar la libertad, la democracia y la justicia en Bolivia.
“La unidad opositora será más fuerte y más grande que la maldad, la calumnia y la violación de la Constitución. La unidad opositora es el único camino para reconstruir la democracia y la justicia devolviendo la libertad al pueblo boliviano”, agregó al pie de su pronunciamiento.
CASO GOLPE I
La exmandataria interina (2019-2020) también señaló que la justicia reanudó el juicio presencial por el caso “Golpe de Estado I” –al que denomina “Patraña 1” – y criticó que se etiquete al proceso como terrorismo para “secuestrar y encarcelar” al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el exlíder cívico potosino, Marco Antonio Pumari, entre otros opositores.
Luego de reiniciarse ayer el juicio contra Camacho y Pumari, el Tribunal que lleva el caso “Golpe I” rechazó ocho de 30 pruebas del Ministerio Público, por no cumplir formalidades para ser judicializadas, y decidió suspender la audiencia hasta el lunes 17 de febrero a las 08:45.
El abogado de Pumari, Diego Gutiérrez, explicó que estas pruebas documentales presentadas por la Fiscalía no cumplieron formalidades que establece el Código de Procedimiento Penal, pues no habrían sido obtenidas mediante requerimiento fiscal o no se conoce su procedencia.
OPOSICIÓN
Por otra parte, la expresidenta subrayó que otros actores políticos contrarios al MAS sufren esta persecución con “procesos inventados”, mencionando al empresario, Samuel Doria Medina, y el expresidente, Jorge Quiroga Ramírez.
En el caso de Doria Medina, el diputado oficialista del ala “arcista”, Rolando Cuéllar, anunció el fin de semana que se inician gestiones para reabrir el caso Akapana, en la que se señaló al empresario por una presunta evasión fiscal de Bs 54 millones en la venta de acciones de la fábrica de cemento Soboce a una empresa mexicana a través de una empresa mexicana “offshore” envuelta en el escándalo “Panama Papers” en 2017.
Por su lado, Quiroga denunció que el Gobierno intenta inhabilitarlo para las elecciones desempolvando el caso Catler, un proceso judicial de hace 16 años en el que el Banco Unión lo denunció por el delito de difamación, luego de que el exmandatario señalara que esta entidad financiera era una “lavandería de corrupción”.
