Ante la protesta de diversos sectores de la cadena productiva, las autoridades gubernamentales y representantes de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) acordaron congelar la aplicación de la disposición adicional séptima de la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, referida al decomiso de productos en casos de registrarse agio y especulación, informó el ejecutivo del sector empresarial