Libertad empresarial, Bolivia democrática

En 1943, cuando ya eran anunciados vientos de cambio, el magnate minero Mauricio Hochschild dijo: “Vaticino para Bolivia un futuro esplendoroso. No de inmediato, sino en unas décadas más. Posee todos los requisitos para convertirse en una potencia de mediana importancia, como la Argentina o Nueva Zelandia. El mundo del futuro necesitará espacio para los excedentes de población, materias alimenticias y fuerzas energéticas. Bolivia tiene todo eso. Su territorio podría albergar con holgura a unos cincuenta millones de personas; tiene petróleo y un enorme potencial hidroeléctrico; un campo inmenso para el desarrollo de la ganadería y la agricultura. Esos nuevos contingentes demográficos mezclados con la raza indígena darían un mestizaje de primerísima calidad. Además, Bolivia está situada en el centro de Sudamérica; todas las líneas aéreas del futuro tendrán su foco radial en Santa Cruz. Es un paraíso turístico. ¡Si solamente los bolivianos llegaran a entenderse a sí mismos!”. Tales las palabras del audaz empresario alemán.
A partir de ciertos momentos de la historia, y por diversos factores, se comienza a ver mal ciertas actividades o personas. A partir de la Revolución Nacional, por ejemplo, se desprestigió a la industria del estaño, y a partir del Proceso de Cambio se estigmatizó a los empresarios privados, muchos de los cuales tuvieron que salir a otros países para continuar su trabajo. Los gobiernos socialistas, desconociendo el aporte del empresario a la economía nacional, normalmente lo atacan, acusándolo de explotar a los trabajadores y de amasar fortunas que luego son transferidas al exterior. La demagogia, que ignora que el empresario también puede tener sentido de responsabilidad social y elevar el nivel de vida de sus trabajadores, se impone y genera en diversos sectores de la opinión pública una animadversión irracional a la empresa privada. Antes de 1952, mucha gente creía que cuando el Estado administrara las minas, Bolivia se convertiría en un país próspero y que por fin se disfrutaría de la abundancia. Eso, como lo sabemos, no ocurrió.
Lo cierto es que el dirigismo en materia económica propende al autoritarismo. No puede haber democracia ni libertades ciudadanas sin respeto a la propiedad privada y a la libre empresa. Si la planificación desde el Estado va copando toda actividad empresarial, se sofoca el espíritu de iniciativa individual, indispensable para una democracia.
No hay que desconocer que la empresa privada puede generar brechas económicas, explotar al proletariado o generar montañas de basura y desechos tóxicos, pero tampoco se puede no admitir que puede ser un factor positivo en el desarrollo de un país, ya sea dinamizando la economía, construyendo infraestructura o, como dijimos antes, elevando el nivel de vida de sus obreros. Un buen ejemplo en este sentido fue la familia Aramayo de Chichas, que se distinguió por una notable audacia empresarial, pero también por un compromiso para con sus trabajadores. Carlos Víctor Aramayo fue un industrial próspero y cosmopolita, pero a la vez afable padrino de bodas y bautizos proletarios y uno de los pioneros en la introducción de reformas empresariales en pro de los trabajadores.
Por todo eso, Bolivia necesita virar hacia la facilitación de la libre empresa, si desea conquistar un sistema democrático.