Hace poco estuve en la feria de Villa Dolores de El Alto, pero tuve la ingrata sorpresa al saber que el precio del kilogramo de carne de res subió por encima de los Bs 40, incluso el valor de la harina de hueso para el firulais no se salvó. Le consulté a la caserita acerca de la causa del incremento y ella me respondió: «Así nos están entregando los que nos traen la carne y el gobierno no controla».
El aumento de los precios de la canasta familiar, que afecta a las familias bolivianas se refleja en la caída de las reservas internacionales netas (RIN) de $us.15.122 millones a $us.1.976 millones entre 2014 y 2024, lo que derivó en la falta de dólares para las importaciones de bienes, materias primas e insumos que son necesarios para los diferentes sectores de la economía, por ejemplo, la ganadería bovina. Esta situación se debe al aumento del déficit fiscal por el gasto que realiza el gobierno en la subvención a los carburantes, alimentos, el gasto corriente y la instalación de empresas estatales que, en muchos casos, son deficitarias.
Entonces, la sugerencia hecha por el Fondo Monetario Internacional (FMI) al gobierno, de realizar una devaluación de la moneda nacional para contar con un equilibrio externo y permitir la acumulación de las RIN, con base en datos de 2023, es insuficiente porque la crítica situación económica en 2024 se agravó. Las sugerencias del organismo internacional serán insuficientes para rescatar al país del abismo en el que está.
Para sostener lo mencionado se debe repasar algunos datos, por ejemplo, la inflación en 2024 alcanzó el 9,97% y el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 proyecta para este año 7,5%, el déficit fiscal el 2023 alcanzó 10,8% ($us.5.000 millones) y para el 2024 se espera 7,8%, la deuda externa trepó de $us.3.248 millones a $us.13.297 millones entre 2006 y julio 2024, pero el gobierno espera que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) apruebe créditos por otros $us.1.000 millones. Además, el crecimiento económico hasta junio de 2024 alcanzó el 2,5% y la subvención a los carburantes se elevó de $us.204,5 millones a $us.1.400 millones entre 2016 y 2024.
Por lo visto, los gastos que realiza el gobierno cada vez se elevan y los ingresos que genera se reducen, debido a que el actual modelo económico dejó de ser la receta adecuada para la enfermedad que ya hizo metástasis y se requiere de un nuevo modelo que sea productivo y contemple la aplicación de medidas estructurales antes de ingresar a un colapso financiero que afectará a las familias en un corto plazo.
Sin embargo, el gobierno de Luis Arce Catacora, calificó las sugerencias hechas del FMI como rezagadas porque se basan en datos de 2023 y aclaró que en 2024 se tomaron acciones junto a los empresarios para revertir la situación, a través de la devolución de los certificados impositivos (Cedeims) y se abrieron nuevos mercados en el exterior. Esta posición del Ejecutivo no es rara porque asumió similar actitud en la calificación de riesgo que emitieron las calificadoras internacionales, quienes advirtieron que Bolivia ya no es solvente y no cuenta con el suficiente respaldo financiero para honrar sus deudas por la caída de las RIN.
La evaluación hecha por el FMI, las calificaciones internacionales y la simple observación de los datos macroeconómicos oficiales coinciden en que la crisis económica que golpea al país se origina en el déficit fiscal que presiona a las RIN. Este mal se traduce en la falta de dólares, ya que los agentes económicos sólo pueden acceder a ellos en el mercado negro, en un promedio de Bs 12 por unidad de dólar estadounidense.
Asimismo, la inflación es la inmediata reacción en el mercado interno con la consiguiente devaluación de la moneda nacional, que hasta 2024 alcanzó al menos el 50%, es decir, que un billete de Bs 100 ahora sólo vale Bs 50 en los hechos. Esta situación genera el aumento de la pobreza, violencia y el aumento del índice de las necesidades básicas en las familias de escasos recursos.
La habilitación de tiendas Emapa, la importación de gasolina y diésel, las restricciones a las exportaciones de carne de res o aceite comestible, los mensajes gubernamentales con relación a que la oferta de dólares se solucionará con el tiempo, no son soluciones atinadas porque la crisis es estructural, lo cual demanda de políticas serias que deberán ser aplicadas por el próximo gobierno, porque el actual no lo hará. Apostar por más deuda externa o la explotación de recursos naturales como el litio, sin generar valor agregado, de acuerdo a la demanda del mercado internacional, tampoco beneficiará al país.
Qué hacer
El nuevo modelo económico debe comprender nuevas políticas de cambio, monetarias y fiscales, como el pago de tributos de forma proporcional a sus ingresos por parte de los mineros cooperativistas auríferos y cocaleros. Es menester, la institucionalización del Banco Central de Bolivia (BCB) para que los cargos jerárquicos no dependan del partido político en función de gobierno.
También es necesario contar con una nueva Ley de inversiones, para atraer inversionistas externos e internos, facilitar la constitución de empresas productivas, incentivar la actividad del turismo y reducir el déficit fiscal por medio de la eliminación del presupuesto para la propaganda gubernamental y la supresión de ministerios y funcionarios públicos. A su vez, se debe implementar el cierre o la transferencia a privados de las empresas estatales deficitarias, porque el objetivo es generar los suficientes dólares para atender las diferentes necesidades de la sociedad.
Por último, se debe fortalecer el desarrollo del software y hardware aplicado a los diferentes sectores productivos en la economía, con la finalidad de contar con bienes competitivos en precio y calidad, la explotación de la energía naranja por medio de paneles solares y equipos eólicos que permitan atender la demanda interna y la implementación de los bonos verdes que protejan el medioambiente.
El autor es periodista y docente universitario.