El encuentro de la socialización de los contratos de litio, convocado por Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), fue suspendido ayer en el Teatro IV Centenario, debido a las protestas de la sociedad civil y activistas en Potosí, los que cuestionaron por no haberse realizado una consulta previa con los habitantes, por lo que exigieron su anulación.
El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Alberto Pérez, confirmó la suspensión del encuentro y explicó que la molestia de los asistentes surgió porque, aunque inicialmente la reunión fue convocada para socializar uno de los contratos, muchos temían que en realidad se buscara lograr su aprobación.
Las movilizaciones se activaron después de que el viernes la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados aprobara el contrato del litio con la empresa china CBC, a pesar de que los activistas potosinos habían solicitado posponer el tratamiento.
Según análisis técnicos, se cuestiona los contratos suscritos por el Gobierno con las empresas Uranium One Group de Rusia y CBC de China, porque el Estado asumiría los costos y riesgos, y las empresas se quedarían con los mayores beneficios y las áreas de mayor potencial extractivo.
Por otro lado, el investigador de la Fundación Solón, José Carlos Solón, lamentó que el Gobierno recién anuncie la socialización de los contratos, ya que esta tarea debió hacerlo antes de su suscripción.
Según las observaciones, los contratos no cuentan con estudios de impacto ambiental ni medidas de mitigación para las comunidades afectadas, por lo que el Estado deberá asumir esos impactos; asimismo, las instituciones y organizaciones de la sociedad civil instan a autoridades y parlamentarios a no tomar decisiones que atenten contra el futuro del país, más aún en el año del Bicentenario.
Continúa polémica entre rechazo y apoyo
Potosí rechaza contratos de litio y frena la socialización
> Las instituciones advierten que loscontratos para explotar el litio son perjudiciales para el Estado y favorecen a las empresas extranjeras. En Lípez, exigen la anulación porque no se hizo una consulta previa con los habitantes. Según el Gobierno no se hará la planta si no es viable.
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