Un Órgano Judicial podrido

El Órgano Judicial nunca funcionó bien en Bolivia, y esto en gran medida debido a las malas prácticas heredadas del periodo colonial. Gran parte de los legajos almacenados en el Archivo General de Indias en Sevilla se refieren a quejas y lamentos de los litigantes por los hechos de corrupción en la antigua Audiencia de Charcas… Los jueces, fiscales y abogados de la corona española, pues, no se distinguían precisamente por virtudes éticas, sino por poner en práctica códigos ajenos al oficio jurídico y que no eran los más honrosos. Los problemas que se mantienen hasta hoy, como la retardación de justicia, las infinitas chicanas para confundir al adversario o la corrupción o incapacidad de los jueces, quienes exigen sobornos a cambio de emitir tal o cual resolución, no son fenómenos nuevos, sino de muy vieja data. Es por esto mismo que, lamentablemente, en la sociedad aquellas malas prácticas no son vistas con rubor, sino más bien como algo normal y natural, como rutinas sin las cuales el avance de procesos judiciales se vería obstaculizado. Tanto es así, que en la jerga profesional ciertos vicios como el soborno han llegado a tener un vocablo preciso (como “impulso”).
Sin embargo, también hay que tener en cuenta la pasividad con que la población reacciona ante este problema. Es cierto que todos tienen perfecta consciencia de que el Órgano Judicial no funciona de manera correcta (o de que directamente no funciona) y, por tanto, que debe ser modificado cuanto antes; pero también hay que señalar que no es raro que jueces sigan pidiendo coimas a cambio de fallos favorables o los acusados y sus abogados defensores acepten estoicamente ciertas arbitrariedades, como la detención preventiva en ciertos casos o las suspensiones de las audiencias. Tal vez esa resignación se deba a la sensación, también generalizada, de que sería imposible modificar una estructura viciada de raíz, de que sería imposible obtener un fallo probo en un proceso limpio… En suma, de que sería imposible, siendo tan pequeños, vencer a un monstruo gigante y malvado. Existe, pues, una burocracia inmensa que es cómplice de ese mal funcionamiento y siempre obsecuente con el partido oficialista, y que se rehúsa a ser removida de su cómodo puesto laboral.
Pero, cómo cambiar esta situación que —como tenemos dicho, con un juez corrupto que cobra por fallar y litigantes resignados que pagan por obtener fallos— parece un círculo vicioso. Se podría empezar logrando que cada vez mayor cantidad de abogados litigantes denuncien a los jueces corruptos, Además, a este círculo hay que añadir otro factor: una Policía también corrupta, que en ciertos casos actúa en contubernio con abogados, jueces y fiscales. Se trata, entonces, de una gigantesca maquinaria antiética y en muchos casos incapaz, un sistema corrompido y difícil de sanear.
Una de las incubadoras de la corrupción judicial puede estar en las universidades, donde los jóvenes estudiantes que se forman abogados aprenden a acudir a ciertos recursos que están al margen de la ley para obtener beneficios, tanto para sus clientes como para sí mismos. Los jóvenes que se forman para policías en la Academia Nacional de Policías pueden estar siguiendo un similar camino. Es importante detectar los orígenes del problema y actuar en consecuencia. Los políticos no son los únicos llamados a resolver tan estructural problema, pues un abogado, un juez y un fiscal, que ciertamente no son la clase política, pueden actuar conforme a la ley y según principios éticos, y ejecutar un cambio.