El transporte terrestre en Bolivia, especialmente en rutas largas como las que conectan La Paz con el Beni, a través de los Yungas y el norte paceño, que recorren el corredor amazónico norte, es un servicio vital para miles de personas. Detrás de este servicio se esconde una realidad que raya en lo inhumano: La falta de fiscalización por parte del Estado a empresas como las Flotas Vaca Díez y Yungueña, en un abandono que no solo expone a los pasajeros a condiciones deplorables, sino que también representa un atentado contra sus derechos más básicos.
Los buses que operan en estas rutas son, en su mayoría, buses viejos y en pésimo estado. Llantas desgastadas e inservibles, falta de mantenimiento y la ausencia de sistemas de seguridad básicos como cinturones de seguridad, son solo algunos de los problemas que enfrentan los usuarios, sin tomar en cuenta el abandono y la falta de mantenimiento del camino de la muerte, que hacen el recorrido doblemente riesgoso. Estos buses, que realizan recorridos de 24 horas o más, no cuentan con baños, ni aire acondicionado, algo vital considerando las horas de recorrido y que en el trayecto las temperaturas superan los 38 grados centígrados.
Además, transportan cargas, como si fueran camiones de transporte de alto tonelaje y no de pasajeros, llevando cargamentos de hoja de coca duplicando la altura permitida de los buses, teniendo que maniobrar peligrosamente y apartar los cables de alta tensión eléctricos del alumbrado público para poder seguir avanzando. De igual manera, recogen directamente de galpones privados termos de grandes volúmenes con pescado, estando llenos de pasajeros que se sofocan de calor, llegando casi a asfixiarse, encerrados sin poder bajar hasta que terminan sus maniobras de carguío en Riberalta. Dichas cargas que, en muchos casos, superan el peso permitido, ponen en riesgo la estabilidad de los buses y, por ende, la vida de los pasajeros.
Pero lo más grave es que estas empresas no reportan los accidentes, lo que impide que se tomen medidas preventivas y se mejoren las condiciones de seguridad. Tampoco existe un control adecuado sobre los relevos de los choferes, lo que aumenta el riesgo que pueden tener por la fatiga y, por consiguiente, de accidentes. Ausencia total de autoridad, sin exigencias para el cumplimiento de las normas de seguridad.
El monopolio sindical que rodea a estas empresas es otro factor que agrava la situación. Al igual que ocurre con la aerolínea BoA, donde el Estado cela el control, los sindicatos de transporte terrestre operan con impunidad, parecen creerse intocables, protegidos por un sistema que prioriza los intereses económicos sobre la vida de las personas. Esta falta de control no solo fomenta la informalidad, sino que también perpetúa un sistema que pone en riesgo a los pasajeros día tras día.
¿Cuál será el motivo de esta falta de fiscalización y exigencias de seguridad por parte del Estado? ¿Por qué buses viejos que ya cumplieron su vida útil recorren esta ruta al Beni? ¿Acaso la vida de los ciudadanos de estas regiones vale menos? ¿Será simple incompetencia o hay otros factores aún más preocupantes? Cualquiera sea la razón, el resultado es el mismo: Un riesgo latente para los que viajan al Beni, a los Yungas y al norte de La Paz.
Es urgente que el Estado asuma su responsabilidad y tome medidas concretas para garantizar la seguridad en el transporte terrestre, debiendo fiscalizar de manera efectiva, exigiendo la renovación de buses, controlar el estado mecánico de los mismos y sancionar a las empresas que incumplan las normas.
Los bolivianos merecemos un transporte seguro, digno y eficiente. No podemos seguir permitiendo que el abandono y la impunidad pongan en riesgo nuestras vidas. El Estado tiene la obligación de actuar, y nosotros, como ciudadanos, tenemos el derecho de exigirlo. Las vidas de miles de personas dependen de ello.
El autor es Abogado.