El quinto ampliado Multisectorial, realizado en Potosí, dentro de sus conclusiones exigió al Órgano Legislativo la derogación inmediata de la Disposición Adicional Séptima de la Ley del Presupuesto 2025 (ley confiscatoria) y señala que ninguna de las instituciones integrantes de este ampliado y las que son parte de las cadenas de abastecimiento, asistirá a ninguna reunión para tratar la reglamentación de dicha disposición.
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), a través de su presidente José Luis Farah, la Cámara Departamental de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), con su presidente Oswaldo Barriga, y otros representantes de la cadena productiva, apoyaron las determinaciones del ampliado realizado en Potosí.
En conferencia de prensa, el titular de la Cadex aseguró que el modelo intervencionista del Gobierno no sirve, ya que las restricciones provocan desincentivo y escasez de productos.
Exigió libertad de exportación y recordó que el diciembre frenaron las ventas de aceite al exterior, y ahora tocó el turno a la carne, a cuya medida calificó de extorsiva, por ello alentó la eliminación de la banda de precios.
“Pedimos a aquellas autoridades que salen a tildar de político la exigencia del sector, se sienten a trabajar” para que los bolivianos tengan dólares, no falte combustible para la campaña de soya y que haya más control para luchar contra el contrabando, indicó.
“Queremos trabajar, producir y exportar, y generar divisas. Necesitamos seguridad jurídica, estabilidad”, resaltó y agregó que las movilizaciones se ejecutan ante la falta de desatención del gobierno.
Liberen las exportaciones, cuesta conseguir mercados, y (lamentablemente) la firma de dos ministros perdemos mercados, reflexionó Barriga a tiempo de indicar que el Gobierno toma la decisión más fácil restringir las ventas.
Por su parte, Farah mencionó que esperan rectificar las exportaciones, que representan más de 2.000 millones de dólares, ya que el país busca reactivarse, y no estancarse, por ello es importante políticas claras.
El ampliado de Potosí concluyó con 8 puntos: Exigir al Poder Legislativo la derogación inmediata de la Disposición Adicional Séptima de la Ley del Presupuesto 2025 (ley confiscatoria); ninguna de las instituciones integrantes de este ampliado y las que son parte de las cadenas de abastecimiento, asistirá a ninguna reunión para tratar la reglamentación de dicha disposición.
Asimismo, piden a las autoridades que piensen en la población y los dejen trabajar para continuar produciendo, haciendo circular el dinero, generando fuentes de trabajo en favor de los bolivianos.
El Comité Cívico Potosinista junto a toda la institucionalidad de Potosí acuerda pedir la anulación de la disposición confiscatoria, manifestando que no se permitirá que se confisquen, que se decomisen o que se quite mercadería de los integrantes de las cadenas de abastecimiento.
También el Comité Multisectorial a pedido del Comité Cívico Potosinista, incluye en su lista de demandas urgentes el pedido de contar con una Ley del Litio antes de cualquier acuerdo de explotación de este recurso.
“Continuaremos realizando reuniones y escuchando a todos los departamentos y sectores, mientras continúan las movilizaciones escalonadas y en caso de que no se derogue, radicalizaremos las medidas nacionales”, señala parte de las conclusiones.
También rechazan de manera unánime los contratos contraídos con Uranium One Group y la Honkong CBC correspondientes a los proyectos de ley 170 y 197 de la gestión 2024/2025 y, finalmente, convocan al sexto encuentro multisectorial para el martes 25 en la ciudad de Oruro.